A 15 días de haber iniciado la administración federal y a menos de dos meses del relevo estatal, Chiapas llega a los procesos de transición convertido en un polvorín; en medio de conflictos armados por el control político de algunos municipios y una desbordada disputa sangrienta entre grupos del crimen organizado, que lamentablemente ha llevado a la entidad a escenarios de narcoviolencia que antes parecían lejanos.
Las desapariciones se han convertido en una constante. Las fichas de búsqueda se han vuelto elementos de publicación recurrente en redes sociales, entre cifras muchas veces contradictorias. Y es que, mientras entre 2018 y 2023 la Fiscalía General del Estado registró 201 carpetas de investigación por desaparición en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó más 800 casos en el mismo período.
Así, tan sólo durante el primer semestre del presente año, el RNPDNO documentó un total 632 desapariciones, significando una de las cifras más alarmantes de los últimos años para una entidad como Chiapas, que bien podría cerrar el actual sexenio con uno de los años más violentos de su historia.
Y es que, la violencia ha venido acompañada inevitablemente de una ola de asesinatos y homicidios dolosos sin precedentes para la entidad. Como muestra de ello, de enero a mayo de este año la entidad registró un total de 400 homicidios dolosos, de acuerdo a datos oficiales del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La cifra se convirtió en el indicador más alto de la última década para la entidad, muy por encima de los 259 casos registrados durante el mismo periodo de 2018. Y no es para menos. La propia presidenta Claudia Sheinbaum decidió incluir a Chiapas como una de sus tres prioridades dentro de la “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días”.
El proyecto, que será presentado este mismo martes, plantea la intervención directa del gobierno federal en los 12 municipios de la entidad con mayor incidencia de homicidios, mediante el despliegue especial de las fuerzas de seguridad y la implementación de programas sociales como medida al combate delictivo desde las causas sociales. Sin embargo, el asunto parece mucho más complejo de lo considerado.
Con el cambio de gobiernos municipales, a principios de octubre, se documentó también que al menos 15 de los 124 municipios de Chiapas heredaron de las administraciones anteriores conflictos sociales y elevados índices de violencia criminal. Se trata de Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Tila y Mazapa de Madero, donde la violencia sigue viva.
Se trata pues de una entidad que hoy enfrenta la transición de los tres niveles de gobierno dentro de una de sus peores crisis de violencia; un estado que las autoridades federales y estatales están recibiendo, como un reto mayúsculo, bajo condiciones excepcionales de ingobernabilidad, y criminalidad desbordada, pero, sobre todo, con necesidad urgente de paz para varias de sus regiones… así las cosas.
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