Con dos de sus hijas, de 11 y 18 años, entre las víctimas mortales de la masacre cometida por elementos de la Sedena el pasado 2 de octubre, Girgis Saad, migrante egipcio, aseguró que en el vehículo en el que viajaban “nadie estaba armado”, contradiciendo así las distintas versiones difundidas por las autoridades mexicanas en torno al escandaloso caso.
Lo ocurrido hace una semana en el tramo carretero Huixtla – Villa Comaltitlán es grave por donde se vea. Primero, porque a varios días de lo ocurrido no sólo hay poca la claridad sobre los hechos, sino que, además, las versiones difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) generan dudas y presentan contradicciones evidentes.
Y es que, mientras la Sedena asegura que el encuentro entre el convoy de migrantes se dio de manera fortuita mientras lo militares realizaban “reconocimientos terrestres” por la zona, la FGR aseveró en su comunicado que el incidente se desencadenó luego de que los elementos recibieran y respondieran al reporte sobre personas armadas en la zona.
Las discrepancias entre las dos primeras versiones también incluyeron el lugar de los hechos. Ya que, mientras la Sedena refirió en su comunicado que los acontecimientos se desarrollaron sobre el tramo Villa Comaltitlán – Huixtla, la FGR señaló que los acontecimientos se desencadenaron sobre la vía Tapachula – Tecún Umán, a casi 100 kilómetros de distancia del municipio de Villa Comaltitlán.
La Fiscalía General detalla que durante la persecución los militares fueron agredidos (a balazos) por el convoy donde viajaban los migrantes, mientras la Sedena refiere que sólo escucharon las detonaciones para abrir fuego. En ambos casos, la presunta agresión del convoy de migrantes ha sido el argumento señalado por los militares para justificar la descarga de balas de grueso calibre contra el vehículo de redilas en que viajaban 33 migrantes. Sin embargo, las inconsistencias dejan algunas dudas.
Este lunes La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de los 6 migrantes a manos del ejército mexicano, en un hecho que dejó como saldo a otras 12 personas más heridas de gravedad. “Los hechos ocurrieron en un contexto de aumento de violencia en esa región. Además, de que la CIDH ha tomado nota de las acciones estatales para identificar a los soldados involucrados, brindar asistencia humanitaria e iniciar las investigaciones correspondientes”, dijo el organismo internacional.
Se trata pues de un hecho que ha comenzado a escalar rápidamente a nivel internacional por la gravedad de lo sucedido. Sobre todo, porque ha dejado nuevamente de manifiesto los riesgos de la militarización de México, pero, sobre todo, de la frontera sur del México donde la violencia y los excesos de todos los involucrados mantienen bajo vulnerabilidad permanente a miles de personas inocentes, residentes, desplazados o migrantes.
Y es que, no se trata de un hecho aislado. Apenas en octubre de hace tres años un caso similar ocurrió en la misma corretera costera de Chiapas donde una persona, originaria de Cuba, perdió la vida luego de que elementos de la Guardia Nacional abrieran fuego contra un vehículo que decidió no detenerse en un retén y en el que viajaban 13 migrantes. El caso, aún impune, se ha postergado bajo el mismo argumento de respuesta a una agresión armada previa.
Lo cierto es que lo ocurrido el pasado 2 de octubre no sólo es resultado de un evidente exceso de fuerza militar, sino también de un desbordado escenario de violencia criminal y un tráfico de personas paralelo que han hecho de varias zonas de Chiapas sitios de alto riesgo, sin garantías mínimas para “propios o extraños”. Mientras tanto, hoy otro de los pequeños hijos de Girgis Saad, con tan solo 14 años, se debate entre la vida y la muerte, en medio de una tragedia que convirtió a la migración de su familia por Chiapas en una verdadera pesadilla… así las cosas.
