La desaparición de los Organismos Constitucionales Autónomos OCA es, junto con la demagógica elección de jueces y ministros del Poder Judicial, parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que pretende minar el equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; y propiciar una presidencia unipersonal como antaño.
Estas propuestas, sin embargo, chocan con los tratados internacionales, como es el caso del TMEC, que regula el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; y establece reglas para la competencia económica, lo cual sería motivo de conflicto y objeto de disputa internacional.
Esto es evidente, entre otros, en los casos de las reformas que pretenden extinguir organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFETEL y la Comisión Reguladora de Energía CRE; y restringir la capacidad a la Comisión Federal de Electricidad CFE, para celebrar contratos con empresas privadas para producir y distribuir energía eléctrica.
Podemos decir que, un organismo autónomo es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, capacidad operativa, independencia de gestión y patrimonio propios, que ejerce facultades constitucionales en un ámbito económico específico.
Estas características las hace entidades con responsabilidades ante personas físicas y morales, inmunes respecto a los vaivenes políticos y con una sana distancia respecto a los intereses del gobierno; capaces de proporcionar un entorno de certeza, confiabilidad y estabilidad dentro del campo de la economía a su cargo.
Entre ellas, la COFECE garantiza las condiciones de libre competencia del mercado; el IFETEL regula las telecomunicaciones y la radiodifusión; y la CRE, el desarrollo eficiente de las industrias petrolera y eléctrica, las condiciones de los servicios que prestan y la protección a los usuarios del sector.
Es evidente que en una economía de mercado, debe existir una regulación que evite ventajas indebidas entre los competidores del mercado, que proteja a los usuarios y que ofrezca mecanismos transparentes para resolver los conflictos de intereses, cuyo desarrollo esté a cargo de un organismo autónomo.
Los OCA son la única alternativa a no contar con un gobierno prestigiado, un Estado de Derecho impecable, un sistema a prueba de corrupción y, en síntesis, una clase política y gobernante con un desempeño ético ampliamente reputado. No es difícil entender que en México y bajo la conducción de Morena los OCA son una necesidad.
Al extinguir estos y reasignar sus diversas facultades a las diversas dependencias de la administración pública federal, se está retrocediendo en los avances que México había tenido en los últimos 35 años, en materia de estabilidad y competitividad económicas. Y se está enviando un mensaje de desconfianza a los inversores nacionales e internacionales.
Independiente de que dichos organismos autónomos fueron establecidos como parte de los compromisos que México asumió desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, y con otros países con los que existen acuerdos comerciales; ellos permitieron a México una mayor competitividad económica dentro de la globalización.
Extinguir los OCA es un tema político en función de los intereses del régimen que jefatura el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién pretende volver al melancólico tiempo del Ogro Filantrópico, con un “Estado fuerte” y la conducción de un “hombre fuerte” superior a las instituciones.
Pero el Plan C deja de lado que el desempeño de los Organismos Autónomos propició en gran medida que México tuviera en los últimos decenios una mayor competitividad económica y estabilidad, lo cual permitió el crecimiento sostenido de su economía y nos dio el impulso para convertirnos en el mayor socio comercial de los EUA.
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