La primera acción del ejército investido como guardia nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum (el ejército en las calles, pues), se suscitó en Chiapas.
Por una desafortunada “confusión”: militares mexicanos “creyeron” que migrantes eran delincuentes, cuando estos viajaban a bordo de dos camionetas sobre la carretera Villa Comatitlán-Huixtla; y los abatieron a tiros.
Nada mal para los pronósticos fundados de la oposición, que apenas hace unos días votaron en el Congreso federal en contra de la militarización de los cuerpos policiacos y la seguridad pública.
Y no se trata de una actitud mezquina, en la que se privilegie el “te lo dije” por encima del “tenían razón”. Se trata de los precedentes fácticos y jurídicos internacionales, que recomiendan la no militarización.
Se trata de un tema que ha generado un gran interés y debate; en cuyo análisis y tendencia general se ubica, el que los cuerpos policíacos sean integrados por civiles formados en los Derechos Humanos y las tareas de prevención y contención de la delincuencia.
A este propósito, según una evaluación de Human Rights Watch, la militarización de la seguridad pública en México ha generado graves violaciones a los derechos humanos y, conforme a resultados, ha demostrado ser ineficaz para reducir la violencia.
En el ámbito internacional y en base a la experiencia histórica, en el caso de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los militares no deben intervenir en tareas de seguridad pública; y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha mostrado su preocupación por la militarización de la seguridad pública.
Por su parte, el planteamiento de Amnistía Internacional es a favor de que la seguridad pública dé mayor énfasis a la protección de los derechos humanos; y ha documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas por cuerpos militares en varios países.
Es dramática la propuesta de militarización de las tareas de seguridad pública y más dramáticos son sus resultados. Tanto que el primer hecho de violencia militar contra ciudadanos y el segmento más desprotegido –los migrantes– en este gobierno, ha dado un resultado rojo.
Los derechos humanos y la protección a los migrantes, es una de las principales tareas que todo civil formado en la cultura de seguridad pública de México tiene por su principal compromiso.
No así el de una formación militar entrenada para la guerra, lo que se criticó por parte del actual régimen. Motivo por el cual se suponía que la militarización de la seguridad pública –igual que la de varias áreas del gobierno– a estas alturas debería ser algo del pasado.
Lo que mal empieza, mal acaba. Este régimen encabezado por la primera mujer presidenta de México en la historia, Claudia Sheinbaum, se cristalizó en el contexto de la militarización. Y esta ha mostrado de entrada su peor cara: la del asesinato a mansalva.
Son signos ominosos, que deberían prender las alertas de la seguridad nacional y la lucha contra la injusticia. Pero que, en todo caso, van a permitir la evaluación de lo que se puede esperar en los próximos seis años del gobierno que recién se ha inaugurado.
Si la gruesa piel del autoritarismo es la que protege a los actuales gobernantes contra los sentimientos nacionales e internacionales, impedirá una reacción de empatía con los derechos humanos.
Aquí se va a mostrar el talante de la recién investida nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para resolver conforme a una actitud de solidaridad con la justicia, o de insensibilidad con los migrantes. Lo cual podría resultar una muestra de una nueva política.
En todo caso no sería posible prever, dados los antecedentes conocidos, un cambio tan dramático de la sensibilidad del gobierno frente al dolor humano. Pero cabe esperar que una histórica primera mujer presidenta de México, pudiera aportar una sensibilidad inesperada.
Nos mueve hacia el pesimismo, que el gabinete federal no se identifica con la actual presidenta, pero ello sería una sorpresa esperanzadora para quienes creemos que la justicia, el derecho y el respeto a la integridad de las personas, deben ser los principales indicadores de un gobierno que se precia por supuestas luchas a favor de los más desprotegidos.
Dar continuidad a una rígida militarización, sin el menor respeto por la integridad y la vida de las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, va a ser una muestra ominosa de que el Bienestar Social en realidad, nunca ha sido la brújula del régimen.
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