Con ingresos por más de 953 mil millones, Petróleos Mexicanos PEMEX encabeza la lista de empresas estatales más productivas de México, arriba de Comisión Federal de Electricidad CFE (503 mil millones), Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores INFONAVIT (182 mil millones) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BANOBRAS (61 mil millones), entre otras, de acuerdo con datos de 2020.

Por ello y a pesar de que se encuentra en quiebra técnica –sus pasivos suman más que sus activos– con una deuda de más de 99,000 millones de dólares y adeudos a proveedores por más de 19,000 millones de dólares– el régimen publicita a PEMEX como adalid de la soberanía energética. Como si este concepto pudiera corregir los efectos adversos que produce la actividad petrolera en el ambiente que respiramos y vivimos, así como en la propia salud, el bienestar y la economía de los mexicanos.

PEMEX nos ha quedado a deber, entre otros aspectos porque, 1) ocupa el primer lugar como responsable de la contaminación ambiental que afecta la salud y genera pérdidas económicas incalculables; 2) causa daños y afectaciones que dificultan y debilitan la capacidad económica y el patrimonio de los productores agropecuarios, sin que la empresa paraestatal se haga responsable de pagar las justas y proporcionales indemnizaciones; 3) afecta al mercado nacional y la economía.

La contaminación de la petrolera mexicana, se puede observar en diversos aspectos, como son: derrames de petróleo; fugas de gas; contaminación del aire; contaminación del agua; y contaminación del suelo. El impacto de dicha contaminación se puede observar en el medio ambiente, la salud humana, amplias áreas afectadas en la calidad del aire, el agua, los suelos, la alimentación y la producción agrícola y pecuaria.

Por ejemplo, la quema de hidrocarburos y el gas asociado a la exploración y producción de petróleo, a través de instalaciones que resultan ya parte del paisaje conocidas como torchs, mecheros o “mechones”, emite libremente gases tóxicos a la atmósfera, que no tienen sólo un efecto localizado, sino que se distribuyen de manera general a largas distancias y tienen consecuencias de pronósticos reservados para todos los habitantes, niños, jóvenes, adultos mayores, ancianos, mujeres y hombres.

Esos gases que respiramos sin saber siquiera de dónde vienen, pero que se emiten como resultado de la industria petrolera, son conocidos por su efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que contribuyen al cambio climático; gases tóxicos como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono; y partículas suspendidas conocidas como PM10 y PM2.5, de conformidad con diversos estudios.

Todos esos gases pueden causar desde irritación en ojos, nariz y garganta, problemas respiratorios leves o graves, enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, cáncer, daño cerebral y neurológico; y consecuencias distintas en la salud reproductiva. Sin embargo, la empresa más importante del Estado mexicano, no asume los gastos ni la responsabilidad por los daños que sufre la salud de la población como consecuencia directa de las actividades de esa industria. Cómo si la soberanía perteneciera a PEMEX, no a la población mexicana.

Sería prolijo insistir en el catálogo de derrames de petróleo y productos químicos cuya responsabilidad corresponde enteramente a PEMEX, que contaminan aire, suelo, ríos, lagos y océanos con aguas residuales industriales que contienen hidrocarburos y productos químicos; la infiltración de productos químicos en acuíferos subterráneos; y residuos peligrosos que no tienen el manejo adecuado.

Se ha documentado profusamente el daño causado por dicha actividad a los hábitats naturales, ecosistemas, flora y fauna silvestres; la alteración de ciclos naturales y los procesos ecológicos. Y si bien, la empresa maneja como parte de sus actividades algunos programas, por ejemplo, para reducir emisiones de metano, tecnologías para la captura de gas, inversión en energías renovables y mejora en la eficiencia energética; estos resultan insuficientes y el deterioro ambiental y de la salud humana es palpable.

El otro tema que sufren sobre todo los productores del campo, es el de las afectaciones a sus propiedades, parcelas, cultivos y ganado, por el impacto directo que la actividad petrolera ocasiona. Lo cual se manifiesta en los daños inmediatos que causa la exploración y explotación de pozos petroleros, por la destrucción de sus productos y el perjuicio que implica que no se puedan dedicar a sus actividades económicas, debido a que dejan de percibir los ingresos por la comercialización de sus productos y porque, además, se reduce la oferta de bienes agropecuarios con consecuencias inmediatas para el mercado.

Lo anterior se puede constatar en diversos estudios publicados, pero puede bastar las estadísticas respectivas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, que demuestran que en los estados donde mayormente se localiza las actividades de PEMEX –Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche– las actividades agropecuarias han disminuido en un 20% entre los años 2000 y 2020; y la superficie cultivable en esos estados ha disminuido en un 15%. Es evidente que, además del impacto directo en la economía, producto de la fuerte demanda de bienes y servicios de la industria petrolera, esta tiene un impacto negativo en las actividades económicas.

De manera que ese primer lugar como empresa productiva del Estado mexicano, resulta de dudoso orgullo para la defensa de la soberanía nacional, como difunde la propaganda del gobierno. Porque si bien, puede ser que signifique ingresos importantes para el presupuesto público –sin meternos al análisis de los problemas financieros y los gastos excesivos de su administración, entre otros temas–, también acarrea demasiados daños y perjuicios para el medio ambiente, la salud, la economía de nuestros productores agropecuarios y la economía en general, de las que PEMEX y el gobierno federal deberían responder en forma justa y proporcional.

Si aunado a esto le sumamos el fracaso de la política agropecuaria, las importaciones de básicos, los fraudes de SEGALMEX, el nulo apoyo a los productores del campo, la deprimente atención a la salud y un largo etcétera de fracasos, tal parece que la soberanía sólo reside en PEMEX y no en el pueblo de México, expuesto a un medio ambiente nocivo, a una incumplida autosuficiencia alimentaria, al deterioro de su salud y bienestar; y a la frustración de su progreso material. Lo cual es completamente contrario a la soberanía nacional. ¿O acaso la soberanía energética está por encima del bienestar y el progreso del titular de la soberanía, el pueblo de México?

Gandhi defendió que “La soberanía nacional no es sólo la independencia política, sino también la libertad económica y social.” Y John F. Kennedy dijo: “La soberanía nacional se debe ejercer para beneficio de todos los ciudadanos, no sólo de unos cuántos.” Nada mejor dicho.

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