La aprobada reforma judicial de Morena, no es una panacea, como pretenden hacernos creer. Los aspectos operativos y las consecuencias que se prevé en el plazo inmediato, van a incidir negativamente en la calidad de la justicia. Y sin duda, van a tener también un impacto negativo en la economía.
Si bien es cierto que la percepción general es de falta de confianza y reserva sobre los tribunales, magistrados y jueces en general, hay una gran desinformación sobre el significado del término “judicial”, como lo evidenció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del lunes pasado, al confundir al Poder Judicial con agentes del ministerio público.
En cuanto a la legitimidad de la que se pretende dotar a las personas juzgadoras mediante su elección, está ampliamente probado que, si bien, se trata de una legitimidad inicial, esta sólo se sostiene mediante un ejercicio eficaz del cargo. La calidad del desempeño no depende del método de elección, sino de la idoneidad del perfil requerido.
Y la reforma echó su cuarto a espadas con la sola sustitución por elección de prácticamente todos los poderes judiciales de México, no por su verdadero perfeccionamiento, que dependería de una debida implementación mediante mecanismos intermedios como, por ejemplo, los concursos de oposición abiertos si público en general, la carrera judicial, la formación judicial y la capacitación en habilidades previas.
La función judicial debe ser autónoma e independiente. Sus decisiones no deben estar expuestas al consenso mayoritario, dada su naturaleza especializada y facultad para interpretar las leyes. Esto no es fácil ni se encuentra al alcance del público en general. Si este tuviera la capacidad para determinar quién tiene la razón en un juicio, no se justificaría la facultad de intérprete de la ley que tiene el Poder Judicial. Simplemente no existiría.
La legitimidad del sistema republicano sólo se entiende si cada uno de los poderes en los que se “divide” el poder público cumple cabalmente su función, en un círculo virtuoso: el legislativo hace la ley, el ejecutivo la aplica y el judicial analiza si ambos poderes efectivamente se ajustaron a los principios y normas que garantizan el Estado de Derecho. Si al Poder Judicial no se le permite aplicar mecanismos intermedios que garanticen la idoneidad de sus integrantes, no podrá cumplir su función y el sistema se entrará en crisis.
A ello también contribuirán tres disposiciones completamente desaforadas: uno, que las elecciones judiciales se efectúen en una sola jornada; dos, que las personas juzgadoras electas sustituyan a las que se encuentren en funciones inmediatamente; y tres, que las modalidades de las elecciones y vigencia de las personas juzgadoras de los poderes judiciales locales, los determinen las constituciones y leyes locales.
¿Cómo se determinará quiénes serán los candidatos a magistrados y jueces? La reforma no prevé un procedimiento para cribar el número de aspirantes y reducirlo mediante requisitos de idoneidad, para presentar al electorado los mejores perfiles para el cargo. Basados en la experiencia, es muy posible que se presenten innumerables opciones que van a dificultar que los ciudadanos voten por las mejores personas.
En cuanto a la abrupta sustitución de toda la judicatura federal, es evidente que –para sólo dar un ejemplo– en el caso de los procesos penales afectará los principios constitucionales de continuidad, que ordena se desarrollen sin interrupciones; y de inmediación, que la persona juzgadora esté presente en todas las audiencias y que sea la misma quien atienda todos los actos procesales de una misma etapa. De no aplicarse estos principios, se tendría que reponer los procedimientos.
Además de lo anterior, es imposible que los nuevos juzgadores conozcan los expedientes en trámite, sobre los cuales deberán dictar resoluciones. Lo cual implicará dejar de cumplir con el principio constitucional de una justicia pronta, expedita, completa e imparcial, mediante el cual las autoridades judiciales deben resolver de manera rápida, efectiva y de acuerdo con los estándares de calidad, observando el debido proceso y salvando los obstáculos que lo dificulten o dilaten.
Finalmente y sin resultar exhaustivo el análisis, se encuentra el tema de los derechos laborales que afectará la reforma judicial, al disponer el despido de más de 7,000 magistrados y jueces que integran los poderes judiciales de toda la república sin una causa legítima, más que la de dar paso a un nuevo método de nombramiento por la sola voluntad del poder público. Lo que resulta más que evidente por los contínuos y públicos ataques y vituperios del presidente Andrés Manuel López Obrador contra todos ellos, como una forma de discriminación.
Sin duda que la defensa de los propios intereses de los afectados, generará innumerables amparos que se tramitarán ante los propios juzgados federales, así como las quejas correspondientes ante los organismos de derechos humanos; lo cual significará un amplio litigio y acarreará un gravoso e injustificado detrimento al erario público, debido a que suman muchos y al mismo tiempo los afectados en todo el país.
Si bien, la venganza del casi ex presidente de la república se encuentra casi consumada en la Constitución, la implementación de la reforma judicial es un terreno peligroso y quebradizo, repleto de sinuosos y abismales caminos, sobre los cuales iniciará su tránsito el nuevo gobierno que jefaturará la presidente electa Claudia Sheinbaum. Si es que pudiera por su cuenta asumir la conducción.
El éxito de haber impuesto la reforma, se asemeja en gran medida a la batalla de Ásculo, que ganó el general Pirro. Sólo faltaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera la sinceridad del romano, quien al evaluar los resultados de dicha gesta dijo: "Con otra Victoria como ésta, estoy perdido”.
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