Una nueva etapa se avizora en la lucha del gobierno de los Estados Unidos
contra el terrorismo, cuyos antecedentes datan de poco tiempo y se formalizaron bajo el liderazgo del actual presidente electo Donald Trump. Al mismo tiempo, en México se creó circunstancias no propicias para un combate que fue central en su política.
Conforme al documento “La lucha contra el terrorismo en la administración Trump y más allá”, de Nathan A. Sales, la administración del entonces presidente norteamericano (2017-2021) se condujo en cuatro áreas de acción con resultados positivos: retirar a los terroristas del campo de batalla, cortar su financiamiento, obstaculizar su tránsito transfronterizo y terminar con ellos de una buena vez, mediante la final aplicación de la ley.
Retirar a los terroristas del campo de batalla es un eufemismo para referirse a la guerra. Puede definirse como una estrategia multilateral liderada por los EUA, que llevó a cabo con éxito diversas acciones militares mediante la colaboración con más de 80 países unidos en la Coalición Global o Coalición Internacional contra el Estado Islámico.
En este sentido, una de las acciones de la administración Trump fue, fortalecer la capacidad operativa de los comandantes en el frente de batalla, mediante la delegación de mayor poder y autonomía para tomar decisiones oportunas y efectivas contra las organizaciones terroristas designadas.
En cuanto al financiamiento a las organizaciones terroristas, el presidente estadounidense firmó en septiembre de 2019 una orden ejecutiva, permitiendo al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado determinar sanciones contra individuos y entidades que apoyan, o participan o financian actividades terroristas.
Las herramientas básicas de dicha orden fueron: designar o declarar como terroristas a individuos y entidades, decretar sanciones financieras; y la diplomacia. La orden buscó fortalecer la cooperación internacional para combatir el terrorismo y el financiamiento al terrorismo. De esta forma, el 2019 y 2020 la ONU designó y sancionó por primera vez a seis filiales del ISIS.
En el área de la movilidad de los terroristas, el 21 de diciembre de 2017 la ONU estableció la Resolución 2396 que impulsó el gobierno de Trump. Tiene como objetivo obstaculizar los viajes de terroristas extranjeros a través de fronteras aéreas, terrestres y marítimas, mediante la cooperación internacional para el control de fronteras, el intercambio de información, la persecución penal y la seguridad de la aviación.
En este aspecto, Estados Unidos comparte con sus socios internacionales herramientas tecnológicas e información sensible para identificar a quienes hayan participado o estén relacionados con activistas del terrorismo. Como softwares para analizar los registros de nombres de pasajeros y el sistema PISCES, que compara, analiza e identifica los rasgos faciales de los pasajeros transfronterizos.
La cuarta área de acción de los EUA contra el terrorismo, se denomina como aplicación final de la ley, mediante la que el Departamento de Estado promueve fortalecer las capacidades de los países socios para investigar, procesar y juzgar los delitos de terrorismo y contra los derechos humanos.
En este contexto debemos recordar que en el gobierno de los EUA ya ha existido la idea de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos.
En noviembre de 2020, a la sazón presidente, Donald Trump declaró que el vecino país del norte estaba “perdiendo a 100,000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México”, al referirse al proceso que en ese momento impulsaba para designar como terroristas a los cárteles mexicanos.
Más recientemente 21 fiscales de estados republicanos de la Unión Americana solicitaron al presidente Biden, designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Estas intenciones han sido rechazadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheimbaun. No se han concretado, pero existen.
Pero la cooperación de México como socio de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, va a enfrentar obstáculos y dilemas que serán materia de próximos acuerdos bilaterales. Cambiaron muchas cosas en el ínterin en que Trump dejó la presidencia y nuevamente la asumirá, ya con Claudia Sheimbaun como presidente de México.
La militarización de la guardia nacional y de puertos y aeropuertos, la discrecionalidad y opacidad de los procesos administrativos, no serán propicias a la política de designaciones de los EUA. La reforma judicial que eliminó de un tajo la experiencia y carrera judiciales, harán más tortuosos e inciertos los procesos legales, especialmente en materia penal. Y aún no se sabe cómo se concreta el segundo piso de la política de “abrazos, no balazos”.
El carácter de Trump no es precisamente paciente cuando se trata de presionar para obtener resultados que satisfagan sus intenciones. Y el entorno político en México tampoco es precisamente propicio para la cooperación internacional contra el terrorismo. Se prevé discrepancias y desencuentros en esta materia, con pronósticos reservados.
La lucha contra el terrorismo es compleja, absorbe recursos ingentes y tiene múltiples facetas. Como bien dijo Nathan A. Sales, funcionario del Departamento de Estado (2017-2021), experto destacado en temas de seguridad nacional, terrorismo y derechos humanos:
“En este volátil entorno terrorista, debemos permanecer alertas ante las nuevas amenazas que puedan surgir y evolucionar. No existen terroristas de empresas conjuntas. No existen límites geográficos para el terrorismo. La vigilancia eterna no es sólo el precio de la libertad, sino también el precio de la seguridad.”
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