Con la reciente contienda electoral, nuestras calles han quedado llenas de propaganda que, lejos de desaparecer, se convierte en basura. Según la ley, cada partido político debe presentar un plan de reciclaje, aunque en la práctica, esta obligación parece quedar en el olvido.
La basura electoral es un grave problema para nuestro entorno y el medio ambiente. Cada proceso electoral genera toneladas de residuos que, por ley, los partidos políticos deberían reciclar. Sin embargo, no hay registro de que esto ocurra de manera efectiva. La Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Artículo 209, establece que toda propaganda impresa debe ser reciclable y amigable con el medio ambiente, fabricada con materiales biodegradables y libres de sustancias tóxicas.
Además, la propaganda no debe obstruir la visibilidad de vialidades, nomenclatura de calles, ni afectar árboles, parques, jardines, áreas naturales protegidas o bienes patrimoniales.
La ley también impone a los partidos políticos y candidatos la obligación de presentar un plan de reciclaje que deben cumplir durante sus campañas. Para reforzar esta disposición, el Artículo 216 establece que toda propaganda electoral debe ser retirada durante los siete días posteriores al término de la jornada electoral.
Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de vigilar y exigir el cumplimiento de estas normativas. En caso de violación a las disposiciones legales en materia electoral, existen diversas sanciones, como la suspensión o retiro de anuncios, amonestaciones, multas, y en casos más graves, la revocación de licencias, permisos o clausura de operaciones.
Propaganda electoral en bardas
Una vez concluido el proceso electoral, los candidatos deben despintar las bardas usadas para su propaganda dentro del plazo establecido. Si no cumplen, es la autoridad quien se encarga de realizar esta tarea y aplicar la sanción correspondiente.
La propaganda electoral incluye escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones producidas y difundidas por los partidos políticos durante la campaña.
Es responsabilidad de todos los ciudadanos vigilar y reportar el incumplimiento de estas normativas. Solo a través de una sociedad activa y consciente se podrá asegurar que las disposiciones legales se cumplan y se mitigue el impacto ambiental de las campañas electorales.
Con este enfoque, podemos contribuir a un entorno más limpio y respetuoso con el medio ambiente, mientras exigimos a los partidos políticos que cumplan con sus responsabilidades legales y ambientales.