El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que Morena, el partido político en el poder, buscará aprobar una reforma al Poder Judicial durante el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comienza el 1 de septiembre. Esta reforma ha sido uno de los temas más debatidos en la agenda política del país, con implicaciones para la estructura y el funcionamiento del sistema judicial mexicano.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dominada por Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional propuesto por el presidente. Tras un extenso debate de 12 horas, la votación se cerró con 22 votos a favor y 18 en contra, marcando el primer paso hacia la implementación de estos cambios.
¿Qué propone la reforma del Poder Judicial?
Entre los cambios se prevé la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la eliminación de las dos salas actuales, con el objetivo de que las sesiones se realicen únicamente en el pleno, garantizando transparencia y acceso público. Además, el periodo de gestión de los ministros se reduciría de 15 a 12 años, eliminándose también la pensión vitalicia, la cual actualmente equivale a aproximadamente 8,000 dólares mensuales.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la propuesta de "jueces sin rostro". Según la iniciativa, se deberá proteger la integridad de los jueces que resuelvan casos en materia de delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico.
Además, se incluyó el cambio al articulo constitucional para garantizar la paridad de género en cargos del PJF. En la Sala Superior del TEPJF deberá contar con designación de hasta dos mujeres y dos hombres. En las salas regionales del TEPJF so podrán nombrar hasta dos mujeres y un hombre por sala. En el caso de jueces de distrito y magistrados de circuito se podrá asignar hasta 5 mujeres y cinco hombres
Además, proponen que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular, directo y secreto. De aprobarse, en 2025 se llevaría a cabo una elección extraordinaria para renovar estos cargos, con los elegidos sirviendo por periodos de 12 años.
Otra modificación importante es la sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), responsable de la administración y vigilancia del Poder Judicial, por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Estas entidades tendrán roles en la supervisión y administración del sistema judicial.
La reforma también introduce nuevas reglas procesales, como la prohibición de suspensiones contra leyes en amparos, y la implementación de un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y un año para casos penales. Además, se propone que los fideicomisos del Poder Judicial sean reintegrados al Fondo de Pensiones para el Bienestar una vez concluidos los juicios pendientes.
Críticas y repercusiones económicas
A pesar de que el gobierno defiende la reforma como un esfuerzo por lograr un sistema judicial más austero e independiente, la iniciativa ha recibido críticas por parte de diversos actores. La American Chamber of Commerce of Mexico y la Cámara de Comercio de Canadá han expresado su preocupación por la independencia judicial, mientras que en México, la oposición ha señalado que la reforma podría comprometer la democracia y facilitar la intervención de poderes fácticos.
Este descontento también se reflejó en el mercado financiero, donde el peso mexicano sufrió una depreciación tras la aprobación de la reforma en comisiones. La moneda alcanzó niveles de 19.67 pesos por dólar, perdiendo más de 30 centavos frente al cierre anterior, en medio de temores de que la reforma afecte la inversión y lleve a la economía hacia una recesión. En la reacción de AMLO en su conferencia matutina de este martes aseguró que la caída del peso y las modificaciones no tienen relación con la reforma judicial propuesta, sino que es debido a “factores externos” que afectan también a otras naciones.
La reforma también ha generado protestas dentro del propio Poder Judicial. Este martes 27 de agosto, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interrumpieron una sesión del pleno para manifestarse en contra de la reforma, acusando a la ministra Lenia Batres de estar al servicio del presidente. Ante esto, la ministra presidenta Norma Piña Hernández anunció la suspensión de la sesión en solidaridad con los trabajadores.
La situación sigue evolucionando, con un fuerte debate en torno a los posibles efectos de estos cambios en la justicia y la democracia en México.
