Debido a que generan incertidumbre y carecen de fundamento legal y profesional, la Federación de Colegios de Arquitectos rechazó la política del gobierno federal de asignación directa de acciones de obra pública a localidades; así como la deliberación de la factibilidad o no de llevar a cabo trabajos de ingeniería civil por medio de mecanismos que aparentemente socializan la decisión.
Al abundar sobre la práctica aludida en el primer punto, que en este sexenio es efectuada en la construcción de caminos de acceso a lugares asentados en zonas rurales, advirtió que la adjudicación directa de los fondos a pobladores no garantiza al Estado mejores condiciones laborales.
Los contratistas deben tener la capacidad financiera, técnica y legal de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos (…) pagar los impuestos, otorgar seguridad social, capacitar a sus trabajadores y todo lo relativo al cumplimiento del marco regulatorio.
Sobre el segundo punto, la Federación informó que las autoridades deben planear la obra pública por medio de la consulta, opinión y deliberación técnica de los proyectos; así como basándose en el sistema de planeación democrático del desarrollo nacional previsto en la Ley de Obra Pública y en el artículo 26 de la Constitución Mexicana.
“Esta visión reduccionista, dogmática y aparentemente ilegal descarta el marco regulatorio relativo a la planeación estrategia y deliberativa de los proyectos (…) Exhortamos a colegios de profesionistas, sociedad civil organizada, cámaras empresariales y asociaciones a trabajar coordinadamente y defender el Estado de derecho”, acotó.
Por otra parte, las comisiones de Representantes de Empresas de los gremios relacionados con la ejecución de planes de infraestructura que forman parte de la Comisión Intercolegial del estado, pedirán a la Secretaría de Obras Públicas de la entidad, la Comisión de Caminos e Infraestructura del estado e Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas informes sobre su presupuesto de inversión para este año y las obras asignadas hasta el momento.
Ello, según la Intercolegial, por la dilación en la celebración de concursos y en la cesión de proyectos en lo que va de 2019, dinámica que repercutió de una u otra forma en los intentos por reactivar la industria de la construcción.
