A pesar que según los registros diarios que realiza la Secretaría de Salud, se ha tenido una notable reducción de personas contagiadas y fallecidas a causa del Covid-19, el Gobierno del Estado, nuevamente determinó ampliar la suspensión de labores en la administración pública estatal, ahora hasta el 1 de septiembre.

Esto afecta económicamente a litigantes que ven suspendidas sus actividades debido a la suspensión que se ha prolongado ya por más de 5 meses pero también se suman a las dependencias del gobierno municipal y algunas oficinas del gobierno federal establecidas en la región Soconusco, sin embargo, esta medida ha afectado a también a miles de profesionistas y usuarios que requieren de los servicios de la burocracia para realizar un sinfín de trámites.

Diario del Sur hizo un recorrido por las oficinas del Tribunal de Justicia del Estado, donde había una fila de al menos 50 personas que esperaban hacer el trámite o recoger sus actas de No Antecedentes Penales, pero sin guardar la debida distancia, mientras que en la entrada dos trabajadores del tribunal que se encontraban en la puerta, no quisieron dar información sobre qué juzgados están abiertos, debido a que las personas entraban y salían del edificio.

Mientras tanto, en la Unidad Administrativa, la mayoría de las dependencias se mantienen cerradas, a excepción de la Delegación de Hacienda, y hay otras como la promotora de vivienda, la delegación de gobierno y los registros civiles que se mantienen con guardias, sólo esperando citas, pero cerradas al público en general.

Esta determinación de los gobiernos de mantener a la burocracia sin dar atención al público en general, ha generado controversias entre la población y profesionistas, quienes encuentran ilógico que se haga para evitar contagios pero sí permiten la apertura de bares, cantinas, botaneros, y plazas comerciales.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas, Gerardo Torreblanca Martínez, afirmó que la ampliación de las medidas sanitarias que impiden el reinicio de los trabajos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, representa un duro golpe económico para miles de abogados que litigan y viven al día en los asuntos de diferente índole.

Dijo que para la mayoría de litigantes, no hay una fuente de ingresos desde que comenzó la pandemia, por lo que en Tapachula hay cuando menos 10 mil abogados que no cuentan con un ingreso económico desde casi 5 meses, ya que viven al día de los asuntos que procesan ante el Tribunal de Justicia del Estado.

Por su parte, el abogado José Luis Pérez Jiménez, argumentó en su momento que, los abogados litigantes y los usuarios no han podido acceder a los servicios, a pesar de que se requiere ejercer trámites legales, por lo que es necesario que la administración pública y el poder judicial inicien labores y asuman su responsabilidad constitucional.

Finalmente coincidieron en que el gobierno debe encontrar una estrategia sanitaria que permita reabrir las oficinas gubernamentales, ya que podrían mantenerlos sanitizados y hacer que quienes ingresen guarden las medidas sanitarias como el cubre bocas y la sana distancia y mientras desempeñando sus labores no como ahora que únicamente se les paga sin dar el importante servicio.