En el conflicto transportista vigente entre concesionados y permisionarios estatales con grupos de tricicleros en el municipio de Acapetahua que pretenden trabajar con permisos irregulares de moto triciclos expedidos en el 2012 y que dictaminaron sin validez, existen intereses personales del alcalde Gerardo Sánchez Rojas y sus familiares que son los principales promotores de la confrontación ya que estos cuentan con documentos a su nombre.
El conflicto transportista se mantiene en un compás de espera por la época vacacional, sin embargo, la tensión entre las partes crece conforme se acerca el mes de enero cuando tendrá que solucionarse, mientras que los concesionados exigen legalidad y los otros pretenden hacer válidos esos documentos que fueron expedidos en diciembre del 2012, mismos que en su momento la autoridad estatal señaló que carecían de validez por irregularidades, pero, el conflicto de intereses de la autoridad municipal impide acatar las disposiciones estatales.
A través de redes sociales transportistas concesionados exigen aplicar al alcalde de Acapetahua, Gerardo Sánchez Rojas, las sanciones correspondientes por violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en el artículo 7 señala que debe observar en su desempeño, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
Lo acusan que por tener intereses en el conflicto está apoyando a grupos de tricicleros que de forma irregular confabulados con líderes de la CTM y la CROC pretenden validar documentos irregulares, con lo cual obtendría beneficios provecho o ventaja personal o su favor y el de terceros que son sus familiares directos.
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El alcalde como autoridad municipal en el lugar donde se genera el conflicto está dando trato desigual a los intereses de grupo concediendo privilegios o preferencias a organizaciones o personas, en el ejercicio de sus funciones de manera objetiva.
El Presidente municipal, Gerardo Sánchez Rojas, quien hoy pretende imponer aun por encima de ley a un grupo de mototaxis, de los cuales él y sus familiares más cercanos, madre y hermanas son dueños.
Los transportistas concesionados y permisionarios evidenciaron el documento a nombre del alcalde que fue emitido en el gobierno de Juan Sabines Guerrero y que hoy a través de actos abusivos pretenden hacer valido, sin embargo, este no es el único lugar donde existe este tipo de conflictos que de no atenderse se extenderá a Mapastepec, Pijijiapan, Villa Comaltitlán, Huixtla, Mazatán, Suchiate, Cacahaotán y Tapachula.
El llamado de los concesionados es terminar con la colusión de autoridades municipales en pirataje del transporte y aplicar la ley conforme a derecho en contra del pirataje que ha sido denunciado y que implica intereses de algunos funcionarios y servidores públicos.
