Los casos de embarazo entre adolescentes en la región Soconusco podría incrementar hasta un 40 por ciento al finalizar este año, con relación al periodo pasado, alertó la asociación Por la Superación de la Mujer.
En lo que va del año 279 adolescentes, de entre 12 y 16 años, dieron a luz en el Hospital General Manuel Velasco Suárez, de Tapachula. Mientras que en el 2023 la cifra fue de 300 mujeres.
Elsa Simón Ortega, presidenta y fundadora de dicha asociación, ha alzado la voz ante la situación que afecta no solo a Tapachula, sino a todo Chiapas, pues ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes a nivel nacional.
"Es increíble que menores de edad, de 12, 13 y 14 años, estén teniendo bebés", expresó Simón Ortega, quien reveló que en los últimos tres años se ha observado un preocupante incremento en el número de adolescentes embarazadas que acuden a los hospitales de Tapachula; situación que también se refleja en las estadísticas globales y posiciona a México en el primer lugar mundial de embarazos de adolescentes, siendo Chiapas el estado con más incidencias.
Dijo que la coordinación entre el Hospital General de Tapachula y la Mesa Interinstitucional de Violencia de Género ha logrado detectar y dar seguimiento a los casos de menores embarazadas, pero aún es necesario trabajar más, ya que esta labor les ha permitido identificar situaciones de abuso y explotación.
De acuerdo con la activista, otro punto importante es que en muchos de estos casos las adolescentes tienen parejas de su misma edad, lo que representa un reto adicional, ya que hay que educarlos en salud reproductiva.
"Es preocupante ver que adolescentes, tanto hombres como mujeres, están asumiendo responsabilidades de adultos, cuando aún son menores de edad", subrayó.
Justicia, obligada a actuar y sancionar
Simón Ortega señaló que desafortunadamente este escenario se complica más cuando la adolescente es menor de edad (entre 12 y 14 años) y su pareja ya es un adulto mayor de 18, e incluso en algunos casos. mayor de 35 años de edad.
Dijo que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar las condiciones en las que se están dando éstos embarazos, especialmente cuando la diferencia de edad entre los involucrados es significativa.
“Cuando la pareja de la menor es mayor de 18 años, la ley es clara y se deben judicializar carpetas de investigación y proceder con las detenciones", enfatizó.
De acuerdo con la activista, hasta el momento 20 de los 279 casos registrados han sido identificados como resultado de abuso sexual, y las autoridades han actuado en consecuencia, llevando a los responsables ante la justicia.
Uno de los casos más contundentes resultó en una sentencia de 61 años de prisión para un hombre que abusó de una niña de 13 años, por lo que la activista agradeció la colaboración estrecha entre su organización, la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial. "Estamos pendientes de todos los casos para asegurar que se haga justicia", aseguró.
La pandemia y el aumento de casos
Durante el confinamiento por la pandemia de COVID se reportó un aumento significativo en los casos de abuso y embarazos en adolescentes. Las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus forzaron a muchas familias a permanecer en casa, lo que en algunos casos resultó en un incremento de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual.
"El año pasado se registraron cerca de 300 casos de embarazos en menores, y en lo que va de este año ya llevamos 279. A este ritmo, al finalizar el año, el incremento será del 40% en comparación al año anterior, lo que es motivo de alarma”, informó.
Cifras duras y sus implicaciones
De acuerdo con información del Instituto Nacional de las Mujeres, México ocupa el primer lugar en embarazos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
El fenómeno de embarazos en menores de edad, de acuerdo a la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim), suele estar relacionado con casos de violencia sexual, lo que se conoce como fecundidad forzada, poniendo en peligro la identidad y los derechos fundamentales de estas menores, incluyendo muchas veces el acceso a atención médica adecuada, educación de calidad, la deserción escolar, entre otros.
Chiapas, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lidera en el país en embarazos de adolescentes de 12 años, lo que tiene consecuencias graves como deserción escolar, marginación, inequidad de género y violación de derechos humanos de las mujeres.
