Huixtla, Chiapas - En una conferencia de prensa, Ramón García Matuz, líder de la Asociación Civil de la Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa, arremetió contra el gobierno, denunciando un supuesto engaño a los usuarios respecto a los costos de consumo de energía eléctrica. Según García Matuz, los costos anunciados como decrecientes son, en realidad, crecientes, lo que ha motivado a los ciudadanos a unirse a su agrupación.
García Matuz, líder de la resistencia civil en la región costa, criticó los programas gubernamentales de ahorro de gasolina como obsoletos y argumentó que el problema del encarecimiento de la energía eléctrica persiste sin solución. Señaló que el sistema tarifario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consta de ocho niveles, clasificados de acuerdo a las temperaturas de cada región en el país, desde 1 hasta DAC. García Matuz sostiene que este sistema es más una estrategia política y un engaño que una solución efectiva, ejemplificando el caso de Tabasco, donde la tarifa 1F fue implementada por Vicente Fox para evitar problemas derivados del uso excesivo en temperaturas elevadas.
El líder activista subrayó que, en Chiapas, la generación de energía eléctrica se realiza localmente, pero los recibos en la región istmo-costa y Soconusco son los más altos. Según García Matuz, Chiapas debería tener la tarifa 1F, pero el gobierno, por razones políticas, engaña a los usuarios al ampliar los rangos de consumo sin abordar la problemática de fondo. Hizo hincapié en que, de acuerdo con la ley de la industria eléctrica, el costo del kWh básico en los primeros 100 kWh es de $0.709, mientras que el intermedio asciende a $0.886 por cada uno en los siguientes 50 kWh, y el excedente de 150 kWh en adelante alcanza los $3.489.
García Matuz, quien lidera la lucha contra las tarifas de energía eléctrica durante casi 30 años, destacó que el número de miembros de su agrupación ha crecido, realizando marchas de protesta, como las emblemáticas del primero de mayo, donde, en lugar de celebrar, expresan su inconformidad y demandas. La denuncia de García Matuz pone de manifiesto la necesidad de una revisión detallada y transparente de las políticas energéticas implementadas en la región.