La aplicación de la ley contra invasores de predios en Chiapas había sido una principales demandas que la ciudadanía exigía a los anteriores gobiernos, por lo que través de las acciones emprendidas por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se han recuperado 8 terrenos que estaban apoderados de manera ilegal en Tapachula, afirmó el delegado de gobierno, Omar Ornelas Silva.
Dijo que se busca restituir cuatro propiedades más a sus legítimos dueños en este municipio, a fin de dar certeza de que en Chiapas se aplica el estado de derecho y que no se seguirá permitiendo que supuestos líderes sociales se sigan enriqueciendo a través de invasiones ilegales de predios.
Señaló que la invasión era un tema muy frecuente, en donde líderes u organizaciones se apoderaban de manera ilegal no solo de terrenos, sino también de viviendas que estaban deshabitadas, bajo el argumento de que eran personas o familias de bajos recursos y no tenían donde vivir, pero con la actual administración estatal, estás prácticas ilegales han sido combatidas al aplicarles la justicia.
Tal es caso de la colonia Geo 3 Marzo, cuyos habitantes se habían apoderado de manera irregular de 26 hectáreas de terreno de hace más de 5 años, propiedad de Banorte, sin embargo, tras negociaciones, se logró un acuerdo, ya que había una orden de desalojo.
Detalló que la delegación de gobierno fue la encargada de entablar las negociaciones, en donde las más de mil familias se comprometieron a pagar 26 millones de pesos en dos parcialidades, evitando con ello posibles conflictos.
"Ahora es compromiso de las familias poder cubrir el primer pago de la compra - venta, de lo contrario pueden ser desalojados, ya que se hizo el compromiso con el propietario del terreno de que el pago se hicieran en dos parcialidades, y cada persona tendrá que cubrir alrededor de 26 mil pesos por lote", abundó.
Cabe hacer mención que aproximadamente unas 300 habitantes del predio irregular Geo 3 de marzo, se manifestaron en la explanada de la Unidad Administrativa de Tapachula, para hacer un reconocimiento al gobierno del estado por la intervención para evitar que fueran desalojados y entablar una negociación con el propietario de los terrenos.