La Auditoría Superior del Estado (ASE) observó irregularidades por más de 25 millones de pesos en la cuenta pública 2023 de Tapachula, durante el periodo de la ahora diputada federal Rosy Urbina en la adquisición de automóviles y camiones para las áreas del municipio.
El informe de la ASE detalla que derivado de la verificación física y confirmación, se constató la existencia física de los vehículos adquiridos, mismos que operan adecuadamente y forman parte del parque vehicular de la entidad fiscalizada, no obstante, de la revisión al expediente unitario se detectó que se realizó la adjudicación de vehículos en la modalidad Licitación por Invitación Restringida a cuando menos 3 personas, por importe de 25 millones 288 mil 970.26 pesos con empresas comercializadoras ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Indicaron que tras la solicitud de información efectuada a dichas empresas, se constató que las adquisiciones fueron realizadas con empresas que no son concesionarias de vehículos, destacando que, en algunos casos las empresas comercializadoras, exhibieron facturas de las adquisiciones de los vehículos con empresas concesionarias, detectándose diferencias significativas entre el costo de adquisición y el monto facturado al Ayuntamiento.
Expresaron que se determinó sobreprecios y actos simulados para obtener beneficios, toda vez que, de haberse adquirido con empresas concesionarias de vehículos en la ciudad de Tapachula, se hubieran obtenido costos más económicos, principalmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que, por los estímulos fiscales para la región fronteriza sur, a esta zona le corresponde la aplicación del 8% aplicable a dicho impuesto.
Dijeron que dos empresas presentaron estados de cuenta en los que se aprecia que posterior a la fecha en que el Ayuntamiento les realizó el pago de los vehículos, estas realizaron transferencias correspondientes a las concesionarias.
De igual forma, las fechas de expedición de las facturas de las concesionarias son posteriores a las fechas de facturas expedidas por las empresas compulsadas, es decir, que no acreditaban la propiedad de los vehículos enajenados.
La ASE remarcó que el ayuntamiento de Tapachula presentó justificaciones y aclaraciones, pero esto no permitió aclarar o justificar la observación y la acción emitida correspondiente al pliego de observaciones, debido a que la entidad fiscalizada presenta la misma documentación incluida en el expediente unitario de la acción en referencia y copias de escrito emitido por cada una de las tres empresas comercializadoras que enajenaron los vehículos y camionetas en referencia a la falta de unidades en el Estado; sin presentar documentación emitida por concesionarias en este sentido.
Ante esta situación, la Auditoría Superior del Estado promovió esta acción ante el Órgano Interno de Control de la entidad fiscalizada, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos que en su gestión no realizaron una adecuada supervisión ya que realizaron la adquisición de vehículos con empresas comercializadoras que no son concesionarias de vehículos, detectándose diferencias significativas entre el costo de adquisición y el monto facturado al Ayuntamiento.
