La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) detectó irregularidades y anomalías en la cuenta pública del municipio de Huixtla por más de 56 millones 532 mil pesos durante la administración del ex alcalde fallecido Carlos Salazar Gam.
La auditoría detalla que se emitieron 20 resultados definitivos, de los cuales 8 fueron sin observación y 12 generaron 16 observaciones preliminares, por importe de 56 millones 532 mil 356 pesos, así como 1 recomendación.
Derivado de lo anterior el ayuntamiento de Huixtla no presentó justificaciones, aclaraciones ni documentación soporte del monto detectado con irregularidades por parte a la ASE.
La ASE informó que el objetivo fue verificar si la captación, uso, aplicación y destino de los recursos públicos; así como los actos y operaciones realizados, se ajustaron a las disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, en caso de existir, verificar si el financiamiento público se efectuó en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023.
El informe indicó que las áreas revisadas fueron: la Dirección de Obras Públicas, tesorería Municipal, la dirección de Policía o su Equivalente y la Oficialía Mayor.
En el rubro de egresos, de un montón de 235 millones 044 mil 437 pesos la muestra revisada fue de 58 millones 919 mil 487 pesos, cuyo alcance fue del 25.07 por ciento
En una de las observaciones, de la partida 2611.- Combustibles, se revisó la documentación comprobatoria y justificativa de los meses de marzo, abril y diciembre, en los que se identificaron pagos por concepto de adquisición de combustible para ser suministrados a vehículos de la entidad fiscalizada; de los cuales al momento de llevar a cabo la verificación física del parque vehicular, se constató que 2 unidades no fueron localizadas.
Por lo que, no se tuvo la certeza si fueron utilizadas durante el ejercicio auditado, ya que la entidad fiscalizada no demostró si dichas unidades se encontraban siniestradas, en algún taller mecánico o en su defecto si las tenían comisionadas; por lo tanto no demuestraron que la aplicación y destino de las erogaciones realizadas cumplieron con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables. Por lo tanto, se observó el importe de 173 mil 706.06 pesos.
