La barra de abogados del estado de Chiapas A.C. manifestó su inconformidad ante la iniciativa para crear una institución de impartición de justicia independiente, legitimada y ajena a intereses privados. La propuesta plantea que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, eliminar la onerosa pensión vitalicia y ajustar remuneraciones conforme a lo que ordena la Constitución. Según la asociación, esta reforma afectará negativamente a la sociedad y desprotegerá a los ciudadanos.
El vicepresidente de la asociación, el maestro en derecho penal Hernando Rosey Mijares López, explicó que la reforma no solo impactará el área jurídica, sino también los tres niveles de gobierno. Señaló que la iniciativa es incompleta, ya que el artículo 116 constitucional establece que el poder público de los estados se dividirá en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. La propuesta de elegir a ministros de la corte, magistrados y jueces de distrito mediante voto popular sería similar a las elecciones de autoridades del ámbito electoral.
Mijares López destacó que la intromisión de un poder en otro desestabiliza el funcionamiento integral del Estado. Comentó que el Estado mexicano siempre ha dependido de la separación de poderes para su funcionamiento, y que la propuesta de someter a votación popular a los funcionarios judiciales generaría inestabilidad.
El abogado también advirtió sobre las consecuencias para los ciudadanos y los miembros del poder judicial. Los abogados litigantes, que frecuentemente solicitan amparos y protecciones en nombre de sus clientes, se verían afectados. Mijares López subrayó que los actuales funcionarios judiciales han alcanzado sus cargos tras años de esfuerzo y que los nuevos elegidos mediante voto popular podrían no actuar de manera autónoma e independiente.
La barra de abogados del estado de Chiapas ha sido siempre respetuosa de las instituciones y la ley, y sostiene que cualquier reforma debe ser fundamentada y motivada. Mijares López expresó que en Tapachula no se tuvo conocimiento de una consulta ciudadana sobre la viabilidad de esta reforma, lo que ha generado confusión en los tribunales de la federación.
En cuanto a la propuesta de reducir el número de ministros de la corte y ajustar sus salarios, el abogado enfatizó la importancia de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las instituciones. Concluyó que cualquier cambio debe realizarse a través de medios legales y sin presunciones infundadas de corrupción.
Mijares López finalizó señalando que la ley debe respetarse y que las instituciones no deben ser puestas en jaque, ya que esto resquebrajaría la estructura de poder que equilibra a los otros dos poderes.
