Chiapas, un estado marcado por su diversidad cultural y geográfica, sigue enfrentando graves desafíos en términos de violencia de género, a pesar de los esfuerzos de autoridades por erradicar este flagelo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2024 se han registrado seis feminicidios oficialmente clasificados, lo que refleja una aparente disminución respecto al año anterior, Sin embargo, la realidad en las calles de Chiapas muestra un panorama mucho más complejo y preocupante.
De los seis feminicidios documentados, tres mujeres fueron asesinadas con armas de fuego en los meses de marzo, mayo y agosto, y otras tres con armas blancas en enero, febrero y septiembre.
A estos crímenes se suman nueve asesinatos cometidos con otros elementos y cuatro muertes violentas, sin especificar claramente el objeto utilizado.
Además de los feminicidios, el estado ha registrado 77 delitos que atentan contra la vida e integridad corporal de mujeres, con un promedio mensual que oscila entre cuatro y 13 casos. Enero y febrero fueron los meses más violentos, con 13 y 12 casos respectivamente, mientras que en abril y junio los números disminuyeron a seis y cuatro incidentes. Hechos que incluyen desde lesiones graves hasta intentos de feminicidio, actos que atentan directamente contra la seguridad y la vida de las mujeres.
Mención especial merecen, los delitos contra la libertad personal —que incluyen secuestros, desapariciones forzadas y privación ilegal de la libertad— alcanzan cifras alarmantes, con 239 casos documentados entre enero y septiembre de 2024. .
Comparación con 2023: ¿Un retroceso?
Aunque el número de feminicidios parece haber disminuido en comparación con 2023, cuando se registraron 36 casos, las cifras actuales siguen siendo motivo de preocupación. El año pasado se documentaron 14 homicidios con armas de fuego y 10 con armas blancas, superando los números a lo que va del 2024. Además, se registraron 17 homicidios con otros elementos y tres sin especificación del objeto utilizado, lo que eleva el número total de homicidios violentos a 44.
Asimismo, otros delitos que atentan contra la integridad de las mujeres también fueron más altos en 2023, con un total de 126 casos a lo largo del año, en contraste con los 77 registrados en los primeros nueve meses de 2024. Pese a esta aparente mejoría en las cifras, organizaciones sociales y activistas han advertido que estos números no reflejan la realidad en su totalidad.
Críticas de organizaciones y activistas
Elsa Simón Ortega, presidenta de la organización Por la Superación de la Mujer ha sido una de las voces más críticas respecto a la respuesta gubernamental. Según Simón Ortega, las autoridades municipales, estatales y federales han mostrado una inacción alarmante ante la creciente ola de feminicidios y violencia de género en el estado, especialmente en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, que permanecen bajo Alerta de Violencia de Género desde el año 2017.
También señalan que a pesar de la disminución en el número de feminicidios reportados, la impunidad sigue siendo alta. Se estima que el 60% de los casos quedan sin justicia debido a investigaciones deficientes o inadecuadas. Esta falta de respuesta efectiva ha permitido que la violencia continúe con poca o nula consecuencias para los agresores, lo que perpetúa el ciclo de violencia.
Clasificación del feminicidio, un proceso complejo
En Chiapas, como en el resto de México, la clasificación de un homicidio como feminicidio está sujeta a criterios específicos establecidos por la ley. La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía contra Feminicidios, es la encargada de investigar y determinar si el asesinato de una mujer cumple con los criterios para ser clasificado como feminicidio.
Los jueces toman en cuenta elementos como la relación de confianza o parentesco entre la víctima y el agresor, la evidencia de violencia o amenazas previas, violencia sexual antes o después del asesinato, o si el crimen fue cometido por razones de género, como ejercer control o poder sobre la mujer. Estas características son claves para distinguir un feminicidio de otros tipos de homicidio y para aplicar las sanciones adecuadas, que van de 25 a 60 años de prisión según el Código Penal del Estado.
La alerta de género, una medida insuficiente
Aunque Chiapas ha sido un estado donde la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) está activa desde 2017, la medida no ha logrado frenar la ola de violencia feminicida.
La AVGM se activa cuando existe un riesgo significativo para la vida de las mujeres en una determinada región, y obliga a las autoridades a implementar medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Sin embargo, en Chiapas, la implementación de esta alerta ha sido ineficaz y los feminicidios continúan siendo una realidad cotidiana.
La violencia de género en Chiapas, y en particular los feminicidios, son un problema profundamente arraigado que requiere una respuesta integral y urgente.
Aunque las cifras de 2024 muestran una leve disminución en comparación con el año anterior, los números no son alentadores. La inacción gubernamental, la falta de recursos y la impunidad son factores que continúan alimentando esta crisis.
