Bloqueos carreteros, quema de insignias, huelgas de hambre, marchas, todas estas son formas comunes de protesta para quienes dicen, no encontrar otro camino para hacerse escuchar por las autoridades correspondientes o para que se instalen mesas de negociaciones y diálogo que den solución a las demandas o peticiones de quien se manifiesta. Sin embargo, en Chiapas, hay otra forma que rara vez se ve aplicada en cualquier otro lugar del país: La quema de presidencias municipales.
Campesinos, habitantes, comuneros e incluso, en una ocasión, personas en presunto estado de ebriedad, casi cualquiera puede ir a la presidencia municipal del lugar que habita e incendiarla, casi siempre sin consecuencias. En una revisión rápida de archivos, es notorio cómo casi cada año ocurre la quema de una presidencia municipal en Chiapas.
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Como en octubre de 2012 cuando un grupo de personas, en presunto estado de ebriedad, según declaraciones del alcalde electo en ese año, Óscar René Galindo, habrían llegado a realizar la quema del edificio intentando así que el señalado edil rindiera protesta.
De acuerdo a lo señalado por Galindo, él había resultado ganador de la contienda electoral contra Víctor Lavalle Cuevas, su contendiente más cercano, el triunfo fue por 453 votos de diferencia lo que provocó que hubiera un disenso que fue resuelto por el Tribunal Electoral (TRIFE) a favor de Galindo.
Este hecho enardeció a los pobladores, quienes en un arranque decidieron quemar la presidencia municipal, pretendiendo así evitar que Galindo tomara posesión del cargo, hecho que no se logró.
Luego, en diciembre de 2014, cuando un grupo de concesionarios del autotransporte, utilizando llantas prendieron fuego a la puerta del palacio municipal de Pijijiapan en protesta contra el edil de ese entonces, Pedro Hugo Ibarra Campero a quien acusaban de no atenderlos a pesar de que ya tenían una agenda de trabajo establecida.
Los protestantes se quejaban por un incremento en el transporte irregular, conocido comúnmente como “unidades pirata”, lo que mermaba sus intereses económicos.
En junio de 2016 tocó el turno a la alcaldía de Palenque, cuando un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), respaldadas por integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), se manifestaron quemando la presidencia de Palenque como una forma de protesta en contra del gobierno que, afirmaban, había reprimido una marcha del CNTE en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, con balas de goma y gases lacrimógenos. En esa ocasión, una tienda Coppel fue también despojada por los enardecidos manifestantes.
En enero de 2017, tocó el turno a la municipalidad de Copainalá, en esa ocasión quemaron la presidencia, y vandalizaron la casa de la presidenta municipal y una gasolinera.
En esta ocasión, la protesta fue en contra de las diligencias desarrolladas a raíz del asesinato de dos personas, hecho, realizado a decir de los pobladores, por la banda de los “Alcaraz” entre quienes se contaba la presunta participación de un cuñado de la alcaldesa, Ana Isabel Bonifaz, quien, aseguraban habría protegido el escape de la banda.
También en 2017 pero en marzo, un grupo de pobladores que protestaba por la falta de agua, se enfrentaron a trabajadores del ayuntamiento municipal, a los integrantes del servicio de agua municipal los amarraron a un árbol y luego, cuando el presidente municipal, Francisco Chambé, se negó a recibirlos, decidieron quemar el edificio que afortunadamente había sido desalojado instantes previos al hecho.
Además, dijeron que el proceso judicial para la investigación estaba plagado de fallas, supuestamente indicadas por Bonifaz y que así no se pudiera detener a los responsables.
En septiembre de 2019, fue el turno de la presidencia de Escuintla. En esa ocasión, los pobladores habían mantenido bloqueada la carretera Costera, los protestantes exigían que el presidente municipal, en ese entonces, Daniel Velásquez Javalois, cumpliera sus promesas de darles el servicio de agua potable y la construcción de obras sociales.
Los protestantes fueron desalojados por la fuerza de la carretera luego de que se negaran a levantar el bloqueo para iniciar el diálogo y la mesa de negociación. Con el apoyo de la Guardia Nacional, policías estatales y federales realizaron el desalojo de los manifestantes a quienes lanzaron gases lacrimógenos, además los persiguieron y detuvieron a algunos.
Ante esta situación, quienes alcanzaron a evadir el operativo, se concentraron frente a la presidencia municipal donde quebraron los vidrios y lanzaron bombas molotov al interior, provocando así un incendio, luego se desperdigaron.
Más actual, en mayo de 2020, la pandemia y el temor que provocó en la población el virus Covid-19 en cuyos inicios habría sembrado el pánico pues no se sabía nada sobre esta nueva enfermedad, dio pie a que los habitantes de Venustiano Carranza, municipio del que es originario el actual gobernador del estado, Rutilio Escandón, realizaran una serie de acciones que, en esta ocasión, inició con el incendio del edificio municipal, posteriormente, saquearon una tienda Elektra y luego provocaron destrozos en la casa de la madre del gobernador y también en la casa de los suegros del alcalde municipal, Armando Trujillo Ancheyta y de los padres de este.
Las acciones fueron coordinadas por, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), quienes explicaron que se trató de un acuerdo de los ocho barrios de la cabecera “no se permitió la fumigación programada por las autoridades municipales para propagar (sic) el contagio de Covid-19”, fue la explicación.
Por un motivo similar, pero en junio, se realizó el incendio de la alcaldía en Villa de las Rosas. El motivo fue que la Secretaría de Salud se encontraba realizando labores de fumigación en la zona, como medida de prevención para evitar el mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue.
Lamentablemente, a través de whatsapp, en forma maliciosa, se comenzó a compartir el rumor de que en realidad se trataba de un plan gubernamental para contagiar a la gente con el virus del Covid-19 y hacían un llamado a la población de no acudir a los hospitales, pues, aseguraban, ahí en realidad sólo estaban dejando morir a las personas contagiadas.
El hecho culminó con un grupo de pobladores destruyendo el hospital comunitario, retuvieron al médico en turno y quemaron la presidencia municipal. Ya en el 2021, los motivos se volvieron más electorales, pues apenas en junio de este año se realizó la votación para renovar las alcaldías en el estado, así como la elección de diputados estatales y federales.
No hubo alcaldías quemadas por estos hechos, aunque sí se quemaron las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ambos en la capital del estado.
Ahora, el pasado 15 de septiembre, pobladores de Altamirano, quemaron la presidencia municipal, minutos después de que se realizara la ceremonia del Grito de Independencia, en esta ocasión, son transportistas que exigen concesiones.
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