Más de 80 colectivos, redes, organizaciones y personas alzan la voz y han emitido un llamado urgente al Gobierno Federal e instituciones mexicanas para abordar de manera inmediata la grave crisis de violencia que enfrenta Chiapas.
Acusan que la disputa territorial entre grupos del crimen organizado ha colocado en riesgo inminente la vida y seguridad de miles de familias en varios puntos del territorio chiapaneco, lo cual, ha provocados que cientos de familias huyan.
Acusan que en Chiapas se han agravado los enfrentamientos violentos entre los grupos delincuenciales, que han generado bloqueos carreteros en los municipios y ejidos cercanos a Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras. Estos bloqueos han aislado a las comunidades, dejándolas sin acceso a servicios básicos, incluidos transporte, salud y educación.
Señalan que la población se encuentra en una situación de desprotección extrema, obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos como una forma de proteger sus propias vidas y evitar represalias.
Precisan que la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades estatales y federales ha exacerbado la crisis, y las recientes declaraciones del Presidente de la República han minimizado la gravedad de la situación, culpando erróneamente a la población local.
En el comunicado en conjunto, detallan que el contexto de violencia en Chiapas no es nuevo, pero la situación actual ha alcanzado niveles críticos, con bloqueos y enfrentamientos que han llevado a la interrupción de servicios esenciales y el desplazamiento forzado de familias.
Las organizaciones civiles y humanitarias han sido restringidas en su capacidad de asistir a las personas afectadas, mientras que los desplazamientos forzados han llevado a miles de personas a buscar refugio en el país vecino, Guatemala.
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Ante esta emergencia, los colectivos y organizaciones han exigido varias acciones urgentes al Gobierno Federal:
1. Cese de la criminalización: Se solicita al Presidente de la República y al gobierno federal abstenerse de criminalizar a la población local, que está atrapada entre las amenazas de violencia y la falta de protección.
2. Intervención inmediata: Se requiere una intervención inmediata en la región para prevenir más desplazamientos forzados y proteger la vida y seguridad de las personas afectadas.
3. Garantía de asistencia y reparación: Se demanda que el gobierno garantice el acceso a mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.
4. Atención en salud y vivienda: Se exige que la Secretaría de Salud proporcione atención médica y que los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ofrezcan alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad para las personas desplazadas.
5. Investigación de Derechos Humanos: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos debe investigar las violaciones de derechos humanos y coordinar acciones con otras dependencias para cumplir con las leyes de protección a las personas afectadas.
6. Búsqueda de personas desaparecidas: Se pide a las comisiones de búsqueda de personas activar mecanismos para localizar y identificar a quienes hayan desaparecido en las confrontaciones.
7. Facilitación del retorno seguro: Se solicita la facilitación del retorno, reasentamiento o reintegración de las personas desplazadas en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad.
8. Coordinación con Guatemala: La Secretaría de Relaciones Exteriores debe establecer una mesa de coordinación con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a los desplazados en el país vecino y coordinar su retorno seguro.
9. Protección Infantil: La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe asumir la responsabilidad de proteger a los menores y garantizar sus derechos a salud y educación.
Este llamado a la acción urgente refleja la creciente preocupación por la situación humanitaria en Chiapas y la necesidad de una respuesta efectiva y coordinada para proteger a las familias en riesgo. Las organizaciones y personas firmantes destacan que la crisis no puede ser ignorada y que es fundamental que el gobierno mexicano actúe con rapidez y eficacia para mitigar el impacto de la violencia en la región.
