Los diputados federales aprobaron una nueva ley con la que la atención a los desplazados en territorio nacional estará a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), misma que ya fue enviada al Senado de la República para su aprobación.
Esta nueva ley contempla que la Comar atienda y reparare de manera integral el desplazamiento forzado al interior del país, esto por su experiencia en la atención a los extranjeros que llegan en busca de refugiado a suelo nacional.
Con esta modificación a la ley que ya aprobaron los diputados con 395 votos, se deja en manos de la Comar la implementación de políticas públicas para prevenir, atender, proteger, generar e implementar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado al interior del país.
El desplazamiento interno forzado se define como el fenómeno de movilidad de personas o grupos al interior del país, los cuales son obligadas o forzados a dejar sus hogares pero se mantiene dentro de las fronteras de su país.
Las causas más frecuentes para que se propicie este fenómeno son: la violencia generalizada, conflictos armados, violaciones a los derechos humanos, conflictos agrarios, religiosos, así como por catástrofes naturales provocadas por el ser humano y discriminación.
En México se calcula que a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida en el mandato presidencial de Felipe Calderón (2006-2012), los desplazados internos por la violencia oscilan entre 120,000 y 250,000 civiles, en particular provenientes de la zonas Norte y Pacífico del país.
En el caso de Chiapas, los problemas de desplazamiento forzado se han dado en la zona Norte como Chenalhó, Aldama Chalchihuitán, y en la mayoría de los municipios indígenas de la entidad chiapaneca.
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Según el titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, esa ley no contempla modificaciones en las oficinas en Tapachula, ya que señala que el desplazamiento forzado interno no se da en esta zona del territorio chiapaneco.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en territorio chiapaneco hay cinco mil personas desplazadas por conflictos agrarios y religiosos.
