Dentro de la revisión a la Cuenta Pública 2022 que realizó la Auditoría Superior de Chiapas (ASE) al Ayuntamiento de Suchiate, continuaron saliendo diversas irregularidades en muchos rubros.
La ASE detectó en la administración que encabeza la presidenta Sonia Eloina Hernández Aguilar, un probable daño a la Hacienda Pública Municipal de un millón 067 mil 064.19 pesos debido a documentación justificativa inexistente en el concepto de arrendamiento de fracción de terreno y elaboración de diversos manuales y reglamentos.
El organismo informó que dicha evaluación se realizó mediante procedimientos de auditoría aplicando las técnicas de revisión selectiva, análisis, comprobación y cálculo, los cuales fueron plasmados en la Cédula Analítica del Capítulo 3000 de Servicios Generales y en Acta Parcial de Auditoría.
Explicó que de la partida 3211 sobre Arrendamiento de Terrenos, se revisó la documentación comprobatoria y justificativa de los meses de enero a diciembre, en los que se identificaron pagos por concepto de arrendamiento de una fracción aproximada de 646 metros lineales dentro del bien inmueble rústico denominado “Los Cerros”, frente al Fraccionamiento Vida Mejor, para el paso del drenaje sanitario (servidumbre de paso), por importe de 305 mil 064.19. pesos.
Resaltó que dichos pagos carecen de los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino, y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada.
Agregó que de la partida 3333 sobre Servicios Relacionados con Certificación de Procesos, se revisó la documentación comprobatoria y justificativa de los meses de enero a diciembre, en los que se identificaron pagos por concepto de elaboración de Manual del Bando de Policía y Buen Gobierno, Manual de Organización y Funciones de la Administración Municipal de Suchiate, Reglamento de Cabildo Municipal, Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal y del Reglamento de Policía Municipal, por importe de 762 mil pesos.
También estos pagos “carecen de los documentos justificativos que demuestren su aplicación, destino, y que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada”, abundó la ASE.