San Cristóbal de Las Casas.- “Como enlace directo, internacional, de la comunidad López-Hernández y defensor de los DDHH, fuera donde fuese, condenado y denunció a través de este artículo, las atrocidades ocurridas en las últimas horas, así como cualquier acto más de violencia, represión y hostigamiento hacia estas comunidades campesinas, indígenas, pacíficas, hospitalarias, trabajadores, que luchan por su libertad, sus derechos y, tristemente, por sus vidas”.
Lo anterior lo escribió en una Carta Solidaria, Aitor Sánchez del Río, Maestro en Cooperación Internacional, desarrollo y transformación social, Activista por los DDHH en Barcelona, España, quien recordó su participación de forma directa e indirectamente, sobre terreno en cinco ocasiones, en diversos proyectos de cooperación internacional junto a las Comunidades Indígenas Campesinas de Venustiano Carranza, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC).
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“Haber vivido y convivido en y con dichas comunidades (sobretodo en la “López Hernández”) he sido testigo directo y observador internacional de todo tipo y forma de hostigamiento y represión hacia estas comunidades, así como hacia su población, por parte de diversos grupos violentos, socios directos de instituciones oficiales, que siempre van de la mano de esos grandes terratenientes y caciques del lugar”, suscribe.
Afirma que existen ataques hacia los campesinos indígenas que reclaman sean reconocidas y entregadas las tierras que, “ancestralmente, les han pertenecido, tras más de 500 años de trabajarlas durante tantas generaciones”.
“He podido ser testigo de varios acontecimientos y conflictos en primera persona durante mis estancias, como por ejemplo, el desalojo forzado de una comunidad en Villa las Rosas, junto a su líder Claudia Berenice Nájera Pérez y el resto de su pueblo, que vieron cómo destruyen su comunidad ante sus ojos. Como también, ser llamado a participar y mediar, como internacional, en alguna mesa de diálogo con secretarías de gobierno tras robos de unidades de taxis para imposibilitar trabajar a padres de familia que de ello dependía su sustento (todo con previo consenso con dichos dirigentes de cada comunidad)”, recuerda.
El asesinato de miembros de la OCEZ-RC, uno de ellos Jorge Hernández, hijo de Don Chema, considera desmarca muy claramente, “de ser atribuido a un simple conflicto agrario, como relatan en diversos medios de comunicación. Esto va mucho más allá de una disputa de tierras, hay que hablar claro, y decir sin miedo, que tales hechos sólo pueden llamarse por su nombre: asesinatos y actos de una más que clara política del miedo y terror hacia los pueblos más vulnerables y un uso evidente de la fuerza armada contra el pueblo campesino chiapaneco”.
