El Colegio de Abogados de Inmigrantes y Derechos Humanos (CAIDH) A.C. pidió que la Suprema Corte de Justicia Nacional de la Nación también ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a que los extranjeros solicitantes de asilo tengan una defensoría legal, así como el que ordenó al Instituto Nacional de Migración para los migrantes.
José Galdámez Peregrino, presidente nacional del CAIDH, señaló que los solicitantes de asilo en la Comar no tienen derecho ni un traductor de idiomas y mucho menos a una defensoría legal, cuando es necesario pues los extranjeros desconocen la ley mexicana.
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Comentó que en las oficinas de la Comar de la frontera sur únicamente hay traductores de inglés, criollo haitiano y francés, cuando llegan personas de todo el mundo que no hablan los idiomas antes señalados, como ejemplo puso los asiáticos.
Criticó que los funcionarios de la Comar en Tapachula condicionen a los personas la atención si van acompañados con un abogado, para que los oriente o les diga que tienen que hacer y poder obtener la protección internacional en el país.
“Cuando a los solicitantes de asilo los funcionarios les dicen que con abogados no los pueden atender y como ellos desconocen del procedimiento legal, nos dejan afuera sin poder asesorarlos en Tapachula”, expresó.
Añadió que en Comar no hay nada de sentido común por las personas solicitantes de refugio que piden el acompañamiento legal o asesoría por parte de la Comar, por ende, es necesario la intervención de la SCJN.
Externó que los solicitantes de este proceso en México no conocen el marco legal actual, los procedimientos de admisión y canalización al procedimiento de asilo en la frontera sur, así como en el resto de la República Mexicana.
Precisó que es muy difícil que un solicitante de asilo quiera interponer un recurso de revisión pues no tiene los medios económicos para ello, sin embargo, hay quienes sí y es lamentable que la Comar en Tapachula no lo permita.
“Ya se dio un gran paso en la defensoría legal con los migrantes que ahora tienen derecho a una defensoría de oficio o particular, y ahora es necesario que se haga lo mismo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que niega el acceso a los abogados”, abundó.
Puntualizó que los solicitantes de asilo o refugio tiene derecho a la representación legal en los procesos administrativos para ser reconocidos como refugiados, pero desconocen por qué en la frontera sur (Tapachula) no lo permiten.
En México se han registrado 76 mil 764 solicitudes de la condición de refugiado al término de junio, de las cuales la mayoría se concentra en Chiapas y en Tapachula son: 39 mil 252 procesos presentados.
