Luego del despliegue de operativos de contención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en conjunto con fuerzas de seguridad, Guardia Nacional (GN) y ejército, que inició el 19 de marzo, a partir de las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunciaron diversas situaciones violatorias de los derechos humanos hacia las personas migrantes con necesidades de protección internacional.

Dijeron que en este despliegue se ha observado la privación de la libertad bajo condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el Covid-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria conocida como La Mosca.

También habido detenciones de mujeres con bebés, niñas, niños y adolescentes y no acompañados, contrarias a la Ley de Migración vigente, en las estaciones migratorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y el CAIFT de La Trinitaria.

Señalaron que existe absoluto desconocimiento, y por tanto nula actuación, de las procuradurías a cargo de la protección de NNA, DIF estatales y municipales ante la detención y privación de libertad de niños y adolescentes y sus familias.

Rechazaron la invisibilización de las necesidades de protección internacional de las personas víctimas de desplazamiento forzado y por ende falta de acceso a la Protección Internacional y otras formas de regularización migratoria en México.

"Hay obstaculización de la labor de observación, monitoreo y defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional", abundaron.

Por lo anterior, denunciaron enérgicamente que los operativos contrario a ser “rescates humanitarios'', como lo señala reiteradamente el INM en sus comunicaciones oficiales son un despliegue de fuerzas de seguridad para la contención, represión y detención migratoria, sin tomar en cuenta en la práctica los derechos humanos ni las necesidades de protección de las personas, que el Estado mexicano está obligado a garantizar de acuerdo a la Ley de Migración, la Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Puntualizaron que la narrativa de seguridad promovida por el ejecutivo, secretaria de gobernación y el INM criminaliza a las personas migrantes, con un falso discurso de derechos humanos, legitima el uso excesivo de la fuerza hacia las y los migrantes en México.

Recriminaron que estás acciones tengan como resultados los lamentables hechos que han llevado a la muerte de dos personas migrantes por parte de fuerzas de seguridad.

en la última semana: el feminicidio de Victoria Salazar por parte de policías municipales en Tulum y el asesinato de Elvis “N”., en Mazapa de Madero por parte del ejército.

El colectivo integrado por American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, entre otras, exigieron la eliminación de práctica de la detención o deportación como medio de control de flujos y la puesta en marcha de medidas que permitan pasar en libertad procedimientos administrativos migratorios y solicitudes de asilo en México.