El órgano de fiscalización detectó una serie de irregularidades en la cuenta pública del Ayuntamiento de Tapachula 2021-2024, destacando la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos que ejerció la administración municipal.
Durante este periodo de gobierno estuvieron al frente de la administración municipal Rosy Urbina Castañeda, actual Diputada Federal y Gladiola Soto Soto, como presidente sustituta, quien terminó la administración municipal el pasado 1 de octubre.
A lo largo del proceso de auditoría, se emitieron 34 resultados definitivos, de los cuales 26 generaron un total de 36 observaciones preliminares que reflejaron diversas deficiencias en la administración de los recursos públicos.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron 31 pliegos de observaciones por un monto total de 203 millones 160,376.75 (doscientos tres millones ciento sesenta mil trescientos setenta y seis pesos con 75 centavos M.N.), que no fueron transparentados adecuadamente en su momento.
Cabe mencionar que el ayuntamiento de Tapachula logró aclarar 10 millones 101, 731.57 y quedo un monto total sin aclarar de 193 millones 058, 645.18 (Ciento noventa y tres millones cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con dieciocho centavos).
Las áreas auditadas fueron obras públicas, tesorería municipal, la dirección de la policía municipal y la oficialista mayor de la administración municipal.
Además, se promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y se emitieron 4 recomendaciones para mejorar la gestión y manejo de los recursos del segundo municipio más importe del estado de Chiapas.
En cumplimiento con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, las observaciones fueron notificadas con tres días hábiles de anticipación a la entidad fiscalizada, permitiendo la presentación de justificaciones y documentación soporte.
Tras la revisión de estas aclaraciones, algunas observaciones fueron eliminadas o rectificadas, resultando en la modificación de los resultados definitivos, que aumentaron a 35.
La ASE resalta la falta de transparencia en el manejo de los recursos como el punto de partida y sigue con los detalles sobre las observaciones, así como con el proceso de fiscalización.