La discriminación la sufren tanto mexicanos como personas en movilidad en la frontera sur, porque todas las políticas públicas están diseñadas para discriminar y alejar a las personas de sus derechos, indicó Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.
“Todas las personas sufren la violación de sus derechos humanos desde el momento en que las autoridades no reconocen los delitos de alto impacto que están afectando tanto a mexicanos como a personas en movilidad; esto ya es un racismo institucional”, expresó.
Añadió que el hecho de que no se otorgue el presupuesto económico a las instituciones del gobierno mexicano para atender a las personas constituye racismo institucional, especialmente en aquellas que tienen que ver con el tema migratorio, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Precisó que las personas afrodescendientes son las que sufren mayor discriminación en la frontera sur de México con Guatemala, sin importar su nacionalidad o el idioma que hablen, ya que solo se basan en el color de piel.
Señaló que también hay una mayor discriminación por motivo de género, y así se sexualiza la migración debido a las extorsiones de los grupos del crimen organizado para que las personas puedan ingresar a territorio nacional.
Destacó que muchas personas, tanto mexicanas como en contexto de movilidad, que son discriminadas ya lo ven como algo normal en su vida, lo cual no debería ser así, por respeto a la integridad de los individuos.
“Chiapas, Oaxaca y Guerrero son estados que, por su población indígena, sufren discriminación, a pesar de que se debe garantizar el mismo nivel de acceso al agua, luz, vivienda, educación y trabajo, lo cual no ocurre, mucho menos en las personas en contexto de movilidad”, abundó.
Externó que las autoridades tienen mucho trabajo por hacer para que todas las personas gocen de sus derechos y acceso a todos los servicios, a fin de que tengan una mejor calidad de vida lejos del racismo y la discriminación.
Puntualizó que hay mucho por hacer para que se respeten los derechos de todas las personas en territorio nacional, tal como lo marca el artículo primero de la Constitución Mexicana.