La frontera sur de México, en los límites con Guatemala, enfrenta una crisis de seguridad y derechos humanos, sin precedentes. El aumento de la violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de personas ha convertido a municipios como Suchiate y Tapachula en puntos críticos de un fenómeno que combina la desesperación de los migrantes con la impunidad delictiva que impera en la región.
A medida que miles de migrantes intentan cruzar a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos, son atrapados en una red de rutas controladas por grupos criminales que operan sin restricción. Estas organizaciones lucran con el tráfico de humanos y no dudan en emplear la violencia para mantener el control, incluso contra aquellos que intentan desafiar su hegemonía.
El control sobre las rutas migratorias
Voces de empresarios transportistas que pidieron la omisión de sus nombres, indican que desde Suchiate hasta Huixtla, las carreteras y caminos secundarios son terreno de bandas delictivas que imponen cuotas y regulan el flujo migratorio.
El número de muertos, detenidos y agresiones en la región evidencian la gravedad del problema. De acuerdo con las cifras que obran en la Fiscalía General del Estado, en lo que va del 2024, más de 22 homicidios están relacionados directamente con el tráfico de personas, mientras que más de 30 personas han sido puestas a disposición de las autoridades por este delito en todo el estado.
En Suchiate, uno de los principales puntos de cruce desde Guatemala, las autoridades ministeriales reportaron más de 10 asesinatos de personas vinculadas a este negocio ilícito durante este año.
En Tapachula, la cifra asciende a 12 homicidios y al menos 7 enfrentamientos armados entre bandas que buscan el control del paso hacia el cantón Lagartero, en la zona baja del municipio, una zona estratégica donde miles de migrantes cruzan diariamente.
La complicidad y omisión de las autoridades
El tráfico de personas en esta región no podría operar sin la permisividad de las autoridades. Entre el 2020 y el 2024, camiones y taxis han sido utilizados para el transporte de migrantes que cruzan sin problemas desde el cantón Lagartero, custodiados por elementos de corporaciones policiacas que no detienen a los vehículos involucrados.
Un ejemplo alarmante es que, en este periodo solo dos taxis han sido asegurados por no pagar las cuotas a las autoridades, lo que revela un sistema de corrupción arraigado. Según testimonios de los propios traficantes y policías, las detenciones son efímeras con sólo una llamada telefónica basta para liberar a los detenidos.
Además, instrucciones directas de altos mandos, como el exsecretario y el exdirector de Seguridad Pública Municipal habrían ordenado retirar la vigilancia en ciertas áreas estratégicas, permitiendo que los grupos de traficantes operen libremente.
Escalada de violencia entre bandas de "polleros"
El control del tráfico de migrantes ha derivado en disputas violentas de grupos dedicados a este ilícito. En 2023, los enfrentamientos por el dominio de las rutas dejaron más de 35 homicidios dolosos y en lo que va del 2024, la cifra ya supera los 22 muertos.
Entre los casos más mediáticos de este año, se encuentran el asesinato de un empresario hotelero en Plaza Galerías, de Tapachula y la ejecución de un excomandante federal en el Casino Las Vegas.
En otro incidente, un hombre fue asesinado al bajar migrantes de un vehículo blanco en la 1.ª Avenida Norte y la 5.ª calle Oriente.
Los hechos anteriores, junto a otros homicidios ocurridos en distintos puntos de la ciudad, reflejan la crueldad de la disputa entre las bandas de "polleros".
Aunque las autoridades reportan haber detenido a más de 30 personas en Chiapas por tráfico de humanos, solo en la Costa se han iniciado 14 carpetas de investigación, cifras que aunque aparentan un avance, son mínimas frente a la magnitud del problema.
El conflicto entre los propios traficantes, que antes mantenían acuerdos para operar sin violencia, se ha intensificado por la entrada de nuevos grupos delictivos que buscan el control del negocio. Situación que ha generado ajustes de cuentas y un aumento en los homicidios, dejando en evidencia que las soluciones de la autoridad no han logrado frenar ni la violencia, ni el tráfico humano.
Casi nula la acción de las autoridades
La violencia relacionada al tráfico de personas no solo pone en peligro a los migrantes, sino también a los habitantes de Suchiate, Tapachula y otras comunidades de la frontera sur.
De acuerdo a los propios empresarios, la inacción de las autoridades, combinada con la corrupción y la complicidad, perpetúa un ciclo de impunidad que permite que el crimen organizado siga lucrando con la desesperación de quienes buscan una mejor vida.
El reto para los gobiernos federal, estatal y municipal es monumental. Se requiere una estrategia integral que no solo enfrente a las organizaciones criminales, sino que aborde las causas estructurales de la migración y garantice la seguridad y derechos humanos de quienes transitan por la peligrosa ruta migratoria de la frontera sur.
Cifras duras
En 2023, los enfrentamientos por el dominio de las rutas migratorios dejó más de 35 homicidios dolosos, en lo que va del 2024, la cifra supera los 22 muertos
Suchiate y Tapachula
Son puntos críticos del fenómeno que combina la desesperación de los migrantes con la impunidad delictiva y complicidad
Panorama complicado
1. La migración en la frontera sur liga directamente la complicidad de autoridades y traficantes de personas
2. El ingreso de nuevas bandas dedicadas al tráfico de personas ha generado hechos violentos
3. El reto de las autoridades requiere no solo enfrentar a las bandas sino abordar las causas de migración.