El acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes en Chiapas enfrenta serias dificultades, reveló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en el diagnóstico sobre la inclusión educativa de personas menores migrantes temporales de Guatemala en el Soconusco, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre los principales problemas de inclusión que señala el diagnóstico, se encuentran las cuotas escolares, los gastos adicionales vinculados a la educación y la falta de infraestructura adecuada, que limitan la capacidad de los menores migrantes para ejercer su derecho a la educación en condiciones de igualdad frente a los menores mexicanos.
Además, la CEDH ha documentado que estos menores son frecuentemente excluidos de actividades escolares y recreativas, o son víctimas de discriminación y violencia, tanto física como psicológica y verbal. Estas agresiones se deben principalmente a su nacionalidad, lengua, costumbres, color de piel e incluso vestimenta, lo que agrava su vulnerabilidad en un entorno que debería ser inclusivo y protector.
La discriminación que enfrentan constituye un grave obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos. La CEDH advierte que esta situación impacta directamente en el desarrollo integral de la niñez migrante, particularmente en los 16 municipios que conforman la región Soconusco, donde la presencia de menores migrantes guatemaltecos es notable.
El resumen ejecutivo de la OIT subraya que durante la primera infancia, especialmente entre los 0 y 5 años, es crucial que los menores migrantes reciban una educación inicial que promueva su desarrollo saludable. Esta educación debe incluir un enfoque psicoemocional que les permita adaptarse y enfrentar el desafío que supone el desarraigo y la movilidad.
Una de las principales diferencias que resalta la CEDH es la disparidad entre los menores con ciudadanía mexicana y aquellos que están en movilidad. Mientras que los primeros suelen contar con una red de apoyo familiar y una infraestructura educativa adecuada, los menores migrantes se enfrentan a discriminación, barreras lingüísticas y una carencia de respaldo institucional que dificulta su acceso a la educación.
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Las barreras que enfrentan los menores migrantes pueden dividirse en dos tipos: estructurales y sociales. Entre las barreras estructurales destacan normativas limitadas y un desconocimiento generalizado de los requisitos educativos para estos menores. Estas barreras impiden una integración efectiva en las escuelas y obstaculizan el ejercicio de sus derechos educativos.
Para superar estos obstáculos, la CEDH sugiere la difusión de información clara y accesible, tanto para las familias migrantes como para las instituciones educativas. Esta medida facilitaría los procesos de transferencia escolar y promovería un acceso más inmediato a la educación, asegurando que estos menores no queden excluidos del sistema.
En cuanto a las barreras sociales, la desconfianza hacia las familias migrantes y la falta de apoyo económico representan retos adicionales. Para abordar estos problemas, la CEDH propone la creación de un clima de confianza basado en el respeto a los derechos humanos, así como la provisión de apoyos económicos que garanticen la estabilidad educativa de los menores migrantes.
Finalmente, la CEDH insta al Estado a implementar estrategias afectivas que permitan un acceso equitativo a la educación para los menores migrantes en Chiapas. Estas estrategias deben asegurar su inclusión, protección y desarrollo pleno, en un entorno educativo libre de discriminación y exclusión.
