Organismos empresariales, de transporte, comercio y profesionistas se niegan a hacer declaraciones con respecto al tema de extorsiones en el llamado cobro de piso y solo se han limitado a solicitar mayor seguridad a través del operativo antipandillas.
El clamor es generalizado ante los recientes hechos violentos suscitados en Suchiate, Huixtla, Tapachula y Mapastepec, ya que en la sociedad impera el temor a que delincuentes pudieran generar nuevos ataques a quienes no cedan a sus exigencias.
En la actualidad ni los organismos de comercios del centro de Tapachula, ni la Canaco, Canacintra y Coparmex se han pronunciado con respecto a este problema a pesar de que en algunos casos se les ha solicitado entrevistas, fuera de grabadoras han señalado su temor a ser víctimas de este tipo de delitos, pero sobre todo a represalias ante la posibilidad de que algunos de los elementos de las instituciones de seguridad y justicia pudieran estar coludidos con los grupos delictivos.
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El presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana, Jorge Gutiérrez Franco, hizo un llamado a las corporaciones policiacas a que se mantenga la presencia de las corporaciones policiacas en operativos como el Antipandillas y Frontera Segura, que permitan a la población la prevención, pero también la investigación y la persecución de los delitos de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dijo que la seguridad es un problema estructural que requiere para resultados óptimos la participación además de las autoridades, la inclusión con medidas preventivas de parte de la población, sin embargo, la mayor responsabilidad recae en los cuerpos de seguridad que tienen que asumir su rol.
Sin embargo, hoy impera el silencio en los organismos representativos de los sectores productivos, sobre todo cuando se han dado recientes ejecuciones que pudieran estar relacionadas con el cobro de piso, como la de un comerciante de mariscos tapachultecos que fue atacado a balazos en Valdivia Mapastepec y el segundo de un ex director de la facultad de Ciencias Agrícolas de la Unach en Huehuetán, dueño de un restaurante en la comunidad Poste Rojo.
El tema de cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios se ha convertido en un tema reincidente en esta parte de Chiapas, luego de que transportistas iniciaran con las denuncias de la presencia de este tipo de delincuencia que habría cobrado ya dos víctimas a ese sector por negarse a pagar, por parte de grupos que han convertido a esta ilícita actividad en negocio lucrativo.
Los comerciantes de Tapachula y Huixtla no son ajenos a este tipo de amenazas, han ocurrido ya en comercios, panaderías y a profesionistas en la que los delincuentes armados llegan hasta sus víctimas muestran las pistolas y exigen el pago de una cuota para no hacerles daño.
Las amenazas pudieran repercutir en próximos cierres de negocios de quienes consideren que no es redituable pagar además de los impuestos de ley, un impuesto cobrado por la delincuencia, por lo que el cierre de negocios pudiera repercutir en detrimento de la economía y la falta de empleos, en una región de Chiapas en la que a pesar de los índices delictivos aún prevalece la paz social y en la que el clamor generalizado es que se blinde a la sociedad ante este tipo de flagelos.
