La Fiscalía Electoral deberá cumplir con sus responsabilidades constitucionales de procuración de justicia, prevenir los delitos electorales, investigar y castigar la delincuencia electoral durante el proceso electoral local extraordinario 2022, lamentablemente durante el proceso electoral local ordinario 2021, no fue activa, ni proactiva, fue poco visible su participación en las pasadas elecciones y no obstante los delitos que se cometieron prevalece la impunidad, sostuvo José Manuel Blanco Urbina, presidente del Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia.
Comentó que una prueba contundente de la violencia electoral en el 2021 es que no se realizaron elecciones en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, hechos de los que la misma Fiscalía Electoral dio fe de la falta de garantías para el desarrollo de las elecciones para nombrar miembros de ayuntamientos.
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Mientras que en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, los lamentables hechos de violencia generaron la anulación de las elecciones, pero no se han castigado a los responsables, no se ha hecho público quienes fueron los autores materiales e intelectuales.
Blanco Urbina, observador electoral en Chiapas, en México y el extranjero, sostiene que será importante la participación ciudadana como observadores electorales para vigilar todas las etapas de este proceso electoral local extraordinario 2022, el Movimiento Cívico por la Democracia estará atento a participar en los seis municipios.
La presencia de observadores electorales puede ayudar a generar confianza en los ciudadanos para participar en la jornada electoral, sobre todo cuando hay desconfianza hacia el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Tribunal Electoral del Estado y Fiscalía Electoral por la falta de claridad en elecciones pasadas.
Sin embargo, la tarea del observador electoral no es coercitiva, es decir, no influye para componer lo que se haya hecho mal, más bien se documenta los delitos y se entrega reporte completo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y al Instituto Nacional Electoral, para que tomen decisiones que les sirva para otros procesos electorales.
Es importante cuidar todo detalle que pudiera alterar el proceso electoral en cada municipio con una observación electoral con ciudadanos de los mismos municipios, pero los primeros en ocuparse de la legalidad tienen que ser los 14 partidos políticos y las autoridades electorales deberán generar certidumbre aplicando la ley en su justa dimensión.