En la localidad de Tapachula, Chiapas, la familia Ramírez Nájera aún espera justicia a casi cuatro años después de haber sufrido un accidente que cambió sus vidas.
El 1 de mayo de 2020, durante la pandemia, fueron impactados por un conductor ebrio que huía de otro accidente, Javier Ramírez, su esposa Sabheidq y su hijo menor resultaron gravemente heridos, enfrentando gastos médicos superiores a los 160 mil pesos.
A pesar de que el responsable Rogelio N fue detenido, pagó solo una fracción de los daños, incumpliendo el convenio firmado en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Zona Costa.
La familia desesperada vendió su propiedad para afrontar las consecuencias económicas, mientras el culpable, Rogelio N, camina libremente por las calles de Tapachula.
El menor de la familia aún tiene secuelas en su pie izquierdo, pero lo que todos padecen es la impunidad de un sistema que los ha abandonado.
Este caso refleja una triste realidad en la fiscalía, donde acuerdos posteriores a accidentes se desvanecen y las víctimas como la familia Ramírez Nájera quedan olvidadas, incluso, hay otros casos similares, como el de José Carlos N, atropellado hace 5 meses, demuestran la falta de respuesta de las autoridades.
Aunque la fiscalía realiza investigaciones, el incumplimiento de convenios y la impunidad persistente exponen un problema mayor.
Es un contexto donde el 60% de las víctimas de accidentes de motocicletas no reciben la atención adecuada y la justicia se vuelve un bien esquivo.
Se recomienda la no ignorancia de las demandas y se destaca la importancia de buscar asesoría legal en casos de lesiones personales. Lamentablemente, muchos responsables, aún siendo culpables en un 70% eluden sus obligaciones y se niegan a cumplir los pactos.
Aunque existen plazos de prescripción para casos de lesiones personales, la falta de cumplimiento de procesos ministeriales afecta la posibilidad de una indemnización justa.
Mientras, las disposiciones judiciales, en teoría, deberían garantizar la compensación adecuada, pero la realidad en Tapachula es diferente.
En este contexto se revela la necesidad de reformas y un compromiso efectivo de las autoridades para garantizar que casos como el de la familia Ramírez Nájera encuentren la justicia que merecen.
La espera de casi cuatro años no solo es una lucha individual, sino un reflejo de un sistema que necesita ser reparado.
