En Chiapas, pandillas como la MS-13 (Mara Salvatrucha) y Barrio 18 están siendo reclutadas por grupos del crimen organizado, especialmente aquellos vinculados con el narcotráfico y el tráfico de personas en la región. Estas pandillas, que llevan años operando en el estado, han encontrado un espacio para consolidarse como operadores locales de redes criminales.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la contención de estas pandillas sigue siendo limitada. La corrupción y la compleja geografía de Chiapas han sido grandes obstáculos para desmantelar por completo las redes delictivas. Aunque se han llevado a cabo arrestos y operativos, las pandillas continúan manteniendo presencia, sobre todo en las zonas rurales.
Reclutamiento por grupos armados
Chiapas, por su ubicación geográfica, es considerada la principal puerta de entrada para migrantes de Centroamérica. Esta situación es aprovechada por grupos armados que reclutan a miembros de la MS-13 y Barrio 18 para controlar las rutas de tráfico de personas y drogas. Los pandilleros conocen bien a las víctimas centroamericanas, lo que facilita el cobro de cuotas y extorsiones en colaboración con el crimen organizado.
De acuerdo con un expandillero, quien pidió permanecer en el anonimato, los "Mareros" son reclutados por su conocimiento de la zona y su disposición para cometer actos violentos. A cambio, se les ofrece grandes cantidades de dinero, armamento y protección, integrándolos como fuerzas de seguridad o sicarios de los grupos criminales.
El reclutamiento no siempre es voluntario; en muchos casos, las pandillas son obligadas a trabajar para estos grupos armados bajo amenazas de muerte o violencia contra sus familias, especialmente aquellos que no tienen opciones económicas o de seguridad en la región.
La extorsión y el narcotráfico
Desde su llegada a Chiapas, la MS-13 y Barrio 18 han replicado las estrategias de extorsión que perfeccionaron en sus países de origen. Comerciantes y transportistas se convirtieron en blancos del cobro de "derecho de piso", lo que generó un clima de miedo en varias regiones del estado. A medida que las pandillas tejían redes más profundas con los grupos armados mexicanos, su control territorial creció.
El narcotráfico se consolidó como una de sus principales fuentes de ingresos, y aunque no tienen la estructura de los grandes cárteles, las pandillas centroamericanas han actuado como operadores a menor nivel en el tráfico de drogas. Esta alianza ha generado conflictos violentos por el control territorial en diversas zonas de Chiapas.
Actualmente, aunque la presencia de estas pandillas es reducida en comparación con años anteriores, siguen representando una amenaza significativa, especialmente en la Costa y otras áreas de Chiapas. La militarización de la región ha forzado a las pandillas a modificar sus tácticas, integrándose en redes criminales más amplias o recurriendo a métodos más discretos para evitar la persecución oficial.
A pesar de no ser tan visibles como antes, la MS-13 y Barrio 18 siguen siendo un problema latente, sobre todo en el contexto del narcotráfico y el tráfico de personas. Chiapas continúa siendo un escenario vulnerable y violento, donde las soluciones a largo plazo dependerán de políticas de seguridad y desarrollo social que aborden las causas profundas del crimen organizado.
