Escuintla.- La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana, a través de un comunicado denunció enérgicamente las malas acciones de abuso realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), y Policías Estatales, en contra de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de esta población de Escuintla, en la que según se registraron actos violentos dentro de la iglesia y contra un grupo de migrantes que ahí se protegían de las inclemencias del tiempo.
Cabe hacer mención que dentro del comunicado emitido este lunes, por el responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, J. Guadalupe Torres Campos, y Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, señalan que fue el pasado Sábado 29 de octubre en que agentes del INM y Policías Estatales de Tránsito, penetraron a la Iglesia Católica de esta población para probar de la libertad a un grupo de migrantes que se hallaban resguardados y durante la movilización resultó una fémina originaria de Colombia, lesionada y sin que les importará que se encuentra en estado de gestación, luego del excesivo de la fuerza pública.
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Asimismo recordaron que la iglesia católica en México, lleva más de veinte años acogiendo, protegiendo y cuidando de las personas migrantes que transitan en este país apoyando con alimentos, hospedaje, atención médica, vestimenta entre otros derechos que desde el principio deben de ser garantizados por el estado, pese a esto la respuesta de instituciones de gobierno principalmente de Migración ha sido atacar a la iglesia mediante acciones ilegales que no solo han impedido el desarrollo de la labor humanitaria sino también el ejercicio a los derechos de la asociación y libertad religiosa.
Ante esto la iglesia condena los actos de violencia y hoy han pedido que se abstenga de realizar cualquier acción de hostigamiento y perturbación a las actividades humanitarias que realiza la diocesis de Tapachula, favor de los migrantes, pues lo que sucedió en la iglesia de Santo Domingo, ha sido considerado como un abuso de poder y por ello han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que lleve a cabo una investigación de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de los derechos que permita realizar recomendaciones a las instituciones involucradas y así se garantice a la no a la no repetición de estos sucesos, pues también señalan que no es posible que la misma policía estatal de transito se involucre en estas malas acciones.