El colectivo de análisis Seguridad con Democracia realiza un diagnóstico de las condiciones de riesgo a las que se enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas en la frontera sur de México, con el propósito de exigir la creación de mecanismos que permitan la protección de los derechos activistas y comunicadores.
El director de proyectos de dicho colectivo Armando Rodríguez Luna habló de la creación de grupos focales en diferentes partes del país, para entender mejor las condiciones de riesgo en los ámbitos municipales y estatales, con ello tratar de identificar cuales son los riesgos que se distinguen a personas defensoras de derechos humanos por un lado y periodistas por otro.
Una disculpa pública o a través de escritos no es suficiente para subsanar ataques a la prensa, es necesario se garantice que pueda haber aceptación y reivindicación de la libertad de expresión por parte de la autoridadArmando Rodríguez Luna, Director de Proyectos del Colectivo “Seguridad con Democracia”.
“En Chiapas es importante distinguir los riesgos que enfrentan debido a las actividades que realizan en la frontera y ciudad de Tapachula, con respecto a Tuxtla Gutiérrez son ámbitos diferentes, en el caso de la frontera sur del país existen diferentes fenómenos sociales y delincuenciales, que tienen que enfrentar”, advirtió.
Aseguró que los periodistas enfrentan riesgos que tienen que ver con las dinámicas sociales y criminalísticas que derivan de los flujos migratorios así como de las políticas del estado para enfrentar dichas situaciones que tienen que ver con el tema de migración y las caravanas.
“Derivado de estos contextos han existido agresiones especificas contra la prensa porque documenta los flujos migratorios, las acciones del estado para detenerlos y lo que sucede internamente en las dinámicas de los flujos migratorios, hay que recordar que muchas de estas personas además de huir de la violencia también están inmersas en situaciones de violencia”, aseveró.
Sobre las recientes agresiones a periodistas y activistas por parte de policías municipales de Tapachula y que posterior a ello el alcalde ofreció disculpas al congreso del estado a través e un documento, Rodríguez Luna rechazó que estas medidas subsanen los daños físicos contra comunicadores y defennsores de derechos humanos.
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En este sentido lamentó que existan señalamientos de estigmatización desde el poder publico mas elevado hacia periodistas, defensores y organizaciones de la sociedad civil, lo que abona a un contexto de riesgo en donde a nivel estatal autoridades de todo orden y evidentemente de las instituciones de seguridad se sienten mas empoderadas por este discurso político para poder llevar a cabo agresiones y omisiones en el acceso a la seguridad y justicia.
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