En plena contingencia epidemiológica por el Covid-19, enfermos renales protestaron en la clínica hospital Roberto Nettel Flores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ante la suspensión del tratamiento de hemodiálisis, debido a que la dependencia adeuda millonarios recursos a la empresa particular que subroga el tratamiento médico.

En representación de los pacientes, Fernando Chirino Moreno y Cristóbal Enrique López Martínez, afirmaron que, están preocupados ya que esta problemática es cada vez más frecuente entre los derechohabientes del ISSSTE, y es que con la suspensión del tratamiento de hemodiálisis, los enfermos renales corren el peligro de muerte.

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Dijeron que, desde el pasado lunes la empresa que subroga el tratamiento les negó el servicio, por lo que decidieron exigir a los directivos, ya que el tratamiento de hemodiálisis es vital para seguir con vida, sin embargo, a la institución médica poco le interesa la salud de sus derechohabientes.

Señalaron que, los 70 pacientes firmaron un documento, el cual fue enviado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública, pero tampoco han encontrado respuesta, ya que la problemática persiste.

Por la contingencia del Covid-19 nosotros somos de los sectores más vulnerables y las autoridades nos han pedido que nos quedemos en casa, pero por la suspensión de nuestro tratamiento estamos acá exponiéndonos a ser contagiados y a la contaminación, sostuvieron.

Puntualizaron que, es obligación del ISSSTE pagar por este tratamiento, ya que los recursos que obtienen es a partir de las aportaciones que los trabajadores realizan cada quincena, por lo que es inconcebible que los directivos del instituto adeuden a la empresa que brinda el servicio de hemodiálisis.

Detallaron que, hay pacientes han tenido que buscar como recibir su tratamiento, sol embargo, de manera particular cada sesión de hemodiálisis tiene un costo aproximado de mil 300 pesos, cantidad que resulta imposible pagar para algunos derechohabientes.

Ante esta injusticia responsabilizaron a la autoridades del ISSSTE de presentarse algún deceso por la negligencia médica y administrativa, ya que con la salud de los derechohabientes no se debe jugar, por lo que exigieron al Gobierno Federal voltear los ojos a lo que está sucediendo al interior de este instituto para los trabajadores del Estado.

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