La directora de la asociación Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, aseguró que la despenalización del aborto en Chiapas responde más a intereses políticos que a una preocupación genuina por los derechos humanos de las mujeres.
Simón Ortega explicó que en la región del Soconusco, conformada por 16 municipios, se ha trabajado durante años en la práctica de la intervención de las mujeres en casos específicos como violación o malformaciones fetales.
“Esto lo veníamos trabajando limitadamente hasta los 11 meses, ya que científicamente se puede decir que en ese periodo no hay formación del producto y no se daña la salud de la mujer durante la interrupción”, mencionó la directora al referirse a las consideraciones éticas y médicas que han regido estas prácticas.
En Tapachula el trabajo sobre este tema tiene más de dos décadas. Recordó que hace 20 años se realizó la primera intervención bajo un acuerdo del cuerpo de ética del Hospital Regional, marcando un precedente importante en la atención a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
En este contexto, explicó que el Hospital Regional de Tapachula ha mostrado cierta apertura para realizar estas intervenciones, pero exclusivamente en los casos permitidos por la ley, como violaciones o malformaciones graves.
Estas gestiones se llevan a cabo con el respaldo de un análisis ético previo y en caso de lo aprobado se desconoce cuáles sean sus limitaciones o alcances.
Simón Ortega calificó de indignante la criminalización que aún existe en otros estados, citando como ejemplo el caso de Querétaro, donde una menor fue encarcelada tras practicarse un aborto, ya que evidencia la falta de empatía hacia las mujeres y una visión punitiva en lugar de protectora.
Enfatizó que su asociación ha trabajado arduamente en la capacitación y sensibilización de médicos y ministerios públicos, quienes tienen la facultad de emitir oficios para autorizar las interrupciones del embarazo en casos permitidos por los dos antes señalados.
“Nosotros hemos estado trabajando, concientizando a los médicos, así como a los ministerios públicos, para que no se conviertan en un obstáculo, sino en un respaldo para quienes requieren una intervención por violación o malformaciones fetales”, puntualizó.
Finalmente, reiteró que la discusión sobre la despenalización del aborto debe trascender intereses políticos y centrarse en garantizar los derechos humanos de las mujeres, especialmente en estados como Chiapas, donde persisten barreras legales y culturales que afectan su bienestar.
Con más de 20 años de experiencia en el tema, Elsa Simón Ortega hace un llamado a las autoridades para priorizar la salud y la dignidad de las mujeres en la toma de decisiones legislativas, asegurando un acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva.
