México ha mantenido una política migratoria de contención y deportación de las personas con números muy altos durante este años y no derechos humanos, indicó Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Explicó que la política del Instituto Nacional Migración es de mantener los operativos y los centros de detención de migrantes, donde las personas son retenidas solo por no tener un documento migratorio, lo cual se nos ha hecho muy grave por la contingencia sanitaria de la Covid-19.

“La contención que está haciendo la autoridad está poniendo en más riesgo y vulnerabilidad a miles de personas que salen de su país de origen por necesidad y en buscar una vida mejor para ellas, así como para ellos”, expresó.

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Añadió, “México no tiene un muro como el de los Estados Unidos que es visible, pero tiene un muro, sin embargo, en el país tenemos una Guardia Nacional que realiza un militarización de la frontera sur y que evidentemente incrementa los riesgos de las personas que no pueden acceder a programa para regularizarse”.

Señaló que no hay una estrategia de las autoridades mexicanas para atender este fenómeno migratorio que se acrecenta cada día más por el flujo migratorio que es constante por la frontera entre México y Guatemala.

Acusó que tener a un militar al frente del INM da una narrativa de criminalización a las personas migrantes de las diferentes nacionalidades que están llegando a la ciudad de diferentes partes.

“El tema migratorio no lo están viendo las autoridades con un enfoque de derechos humanos o un fenómeno natural de migrar por necesidad, sino como un tema de seguridad nacional al militarizar la frontera sur”, externó.

Recalcó que la militarización de la frontera es una acción criminalizante así la migración de las personas que salen por la violencia, pobreza y falta de oportunidades de tener una mejor calidad de vida en sus países de origen.