El pasado 12 de noviembre de 2020, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto para reformar diversas leyes con el fin de restringir la subcontratación, pues aseguró que las empresas mexicanas y extranjeras usaron los beneficios del outsourcing para cometer defraudación fiscal.
Asimismo, el argumento del mandatario era que también las empresas mexicanas y trasnacionales habían utilizado a la subcontratación para despedir a miles de trabajadores durante el confinamiento declarado para evitar brote masivo de coronavirus en abril y mayo de 2020.
Sin embargo, expertos analizan que es poco probable que este proyecto de ley contra el outsourcing que busca regular la subcontratación y reestructurar los organismos reguladores independientes de México se discuta y vote antes de las elecciones de junio de este año.
Para el presidente de la Academia Chiapaneca de Derecho del Trabajo AC, Edgar Gerardo Torreblanca Martínez esta iniciativa que sigue latente, representa un serio problema para las empresas y sobre todo para miles de trabajadores que se encuentran inmersos en la subcontratación laboral.
Precisó que el outsourcing es un sistema de contratación utilizada en casi todos los países del mundo, y que está plenamente regulada en la Ley Federal del Trabajo, en el que la empresa contratante tiene el derecho de buscar un servicio especializado con la empresa contratista, a través de la subcontratación, pero las labores que se contraten no deben pertenecer al objetivo inicial de la empresa.
Agregó que la empresa outsourcing debe garantizar todas las prestaciones de seguridad social, que debe ser vigilada por una unidad de verificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de no cumplirse se debe prescindir el contrato, sin embargo, no es para que se elimine este sistema de subcontratación, ya que se afectaría el empleo y a las empresas.
Aseguró que el mismo Gobierno mantiene este tipo de subcontratación con miles de trabajadores, tanto ahora con la emergencia de la pandemia, como para trabajos operativos específicos, a quienes no respeta sus derechos laborales, como el pago de horas extras, seguridad social y otras prestaciones, por lo que dijo que el Gobierno es incongruente cuando pretende eliminar el outsourcing.
Aunque se piensa que esta iniciativa podría discutirse en la próxima legislatura federal, es importante que el gobierno conozca que no es el momento adecuado para hacer este tipo de restructuración en la ley porque, de entrada, perjudicaría a la golpeada economía a causa de la pandemia, y a millones de ciudadanos que hoy buscan un empleo para satisfacer las necesidades básicas de su hogar, argumentó Torreblanca Martínez.
Puntualizó que, para las empresas, hay más beneficios que contrariedades en la subcontratación ya que, al contratar a una empresa más especializada para una tarea, ésta se realiza de forma más automática ahorrando así en costos; se controla fácilmente tareas muy complejas que necesitarían una gran inversión de capital, además que las empresas contratantes tendrían mayor seguridad de obtener un buen resultado.
