La primera caravana migrante del mes de noviembre está siendo objeto de un intenso operativo de contención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Según Luis García Villagrán, activista y representante del Centro de Dignificación Humana, estas medidas son resultado de un acuerdo entre México y Estados Unidos destinado a reducir el flujo migratorio hacia el norte.
“Desde su salida ayer a las 10 de la noche, los elementos del INM han impedido que los migrantes descansen. Los han perseguido y hostigado constantemente”, afirmó García Villagrán. Agregó que esta política de contención recuerda las estrategias implementadas durante la administración de Donald Trump.
El activista denunció que estas acciones violan los derechos humanos de los migrantes, citando el artículo 1º de la Constitución y el artículo 52 de la Ley de Migración, que garantizan la protección y el respeto a las personas en situación de movilidad. “No hay transparencia en las detenciones ni en las deportaciones. El Estado mexicano tiene la obligación de rendir cuentas sobre estas prácticas y de asegurar un trato digno para los migrantes”, subrayó.
García Villagrán también señaló que ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, así como otras localidades de la costa chiapaneca, se han convertido en “cárceles migratorias” debido a la militarización de la frontera sur y las restricciones impuestas a la movilidad.
Cuestionó el destino de los migrantes retenidos, destacando que los albergues son insuficientes y que instalaciones como la Estación Migratoria Siglo XXI no garantizan condiciones adecuadas.
El activista propuso que los migrantes sean reubicados en estados del norte de México, donde podrían encontrar oportunidades laborales en sectores como la industria automotriz y maquiladora. Sin embargo, insistió en que cualquier solución debe respetar plenamente los derechos humanos de las personas en tránsito.
Ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia, García Villagrán hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la comunidad internacional para que presten atención a la crisis migratoria en la frontera sur de México.
“La migración no se va a detener. Es indispensable establecer un diálogo entre los países involucrados y diseñar una política migratoria fundamentada en el respeto a los derechos humanos”, concluyó.
Mientras tanto, se espera que nuevas caravanas desafíen las medidas de contención en las próximas semanas, evidenciando las deficiencias en la gestión migratoria del país.
