A tres meses que las oficinas de la Agencia del Ministerio Publico (MP), de Fiscalía General del Estado (FGE), en Mazatán fueran cerradas, porque la actual administración que preside, Pedro de la Cruz Villalobos dejó de cubrir la renta del local, condicionó que ante las deudas el propietario obligara al desalojo y que la atención a la ciudadanía se trasladara a las nuevas oficinas en el municipio de Tapachula a un costado del SEMEFO entre Tapachula y Huixtla.
Ante la falta de oficinas del MP en la cabecera municipal donde ha habido el servicio por décadas, los mazatecos que son víctimas de algún delito o que están implicados en alguna carpeta de investigación tienen que erogar más gastos y tiempo para enfrentar esta situación, con lo el precepto de impartición de justicia pronta y expedita se ve afectada.
En entrevista el abogado litigante Yat Sen Méndez Wong, hizo referencia a la necesidad de abatir la demora en la atención de los delitos, ya que hoy la población tiene que llevarse hasta un hora en el traslado de la cabecera municipal y más de los ejidos hacia las oficinas ubicadas a un costado de la carretera costera en el ejido Álvaro Obregón.
Lee también: Registra Chiapas 24 horas de saldo blanco en delitos de alto impacto
Dijo que es grave que se condicione y se deje sin agencia del MP a cientos de ciudadanos mazatecos, lo cual afecta aún más a personas de escasos recursos que tienen la necesidad de acudir a la nueva dirección de estas oficinas.
Señaló que de poco sirve que por un lado se implementen campañas de la cultura de la denuncia, si no existen condiciones, de por si muchos delitos como violencia de género, robos, asaltos y lesiones no se denunciaba, ahora que la agencia del MP está lejos, difícilmente van a acudir, sobre todo porque las personas en este municipio en un alto porcentaje son de escasos recursos económicos.
Mencionó que a través de documentos firmados por abogados y por la misma población han pedido al alcalde, Pedro de la Cruz que atienda el problema que enfrentan en materia de justicia, sin embargo, ha dado poca importancia al caso y no ha querido retomar el convenio con la FGE.
Mencionó que la seguridad ha sido uno de los problemas reincidentes en la administración de Mazatán y el clamor de los pobladores, pues a pesar de anuncios de modernización de la vigilancia con alta tecnología como drones y cámaras de seguridad, esto no ha ocurrido.