El 15 de junio de 1980, se desató una tragedia en la comunidad indígena de Golonchán Viejo, ubicada en el municipio de Sitalá, Chiapas. Ese día, un fuerte contingente de soldados se presentó en la zona, utilizando bombas lacrimógenas y desatando una nutrida balacera que provocó la muerte de 12 personas y dejó a 40 heridos. Además, cientos de familias fueron expulsadas de su poblado. Este ataque violento, precedido por días de tensión, no solo afectó a Golonchán, sino que también se extendió a otras comunidades cercanas. El ataque fue ordenado por el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y ejecutada por tropas al mando del general Absalón Castellanos Domínguez
Según datos de la CNDH fue una masacre anunciada, pues días antes, el 30 de mayo de 1980, la policía estatal había atacado a un grupo de familias de Golonchán en Yajalón, dejando varios heridos y un muerto. Todas las víctimas de estos ataques eran militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en su mayoría tzeltales.
La tragedia del 15 de junio fue el resultado de 28 años de reclamos indígenas en Sitalá por sus tierras. Las familias de Golonchán tomaron posesión de las tierras de la finca Wolonchán (castellanizado como Golonchán), propiedad del cacique Mario Flores, en respuesta a la falta de respuesta a sus demandas. A pesar de la violencia y la represión, la comunidad mantuvo su resistencia y lucha por sus derechos.
Los sobrevivientes de la masacre huyeron a pie, encontrando refugio en el ejido Venustiano Carranza, donde vivían en condiciones precarias. Sin acceso a medicinas, alimentos ni atención médica, los indígenas heridos trataban de sobrevivir en un entorno desolado. El gobierno y otras autoridades brillaban por su ausencia, dejando a las víctimas a su suerte.
Los sobrevivientes aún llevan consigo las secuelas físicas y emocionales de aquel día fatídico. La falta de atención médica adecuada y la ausencia de apoyo gubernamental dejaron a la comunidad en condiciones deplorables, luchando por sobrevivir en un entorno hostil y desolado.
En 2024, se cumplen 44 años de este trágico evento que marcó un oscuro capítulo en la historia de Chiapas. La falta de justicia y reconocimiento oficial de los hechos continúa siendo una herida abierta para las familias.
Masacre en Polhó, Chiapas
El 03 de junio de 2023 se registró una masacre en Polhó, donde siete indígenas tzotziles fueron brutalmente asesinados por un grupo armado. Este suceso es solo una manifestación más de la creciente inseguridad en la región, donde los ataques armados, desplazamientos forzados y masacres han creado un clima de temor y violencia entre la población.
La vivienda de los desplazados se ubicaba cerca de la carretera, en las afueras de Polhó, cerca de Acteal, donde en 1997 ocurrió otra masacre. A pesar de la presencia de la policía estatal y la Guardia Nacional en la zona, los cuerpos de las víctimas no fueron levantados hasta 18 horas después del suceso.
Las familias desplazadas estaban involucradas en conflictos de tierras con comunidades vecinas, lo que generó tensiones y violencia. Este episodio se suma a una serie de eventos violentos en la región, incluidos ataques armados, desplazamientos forzados y masacres, lo que ha creado un clima de inseguridad y temor entre la población.
La violencia creciente en municipios indígenas
La situación en Chiapas se torna cada vez más violenta. Los enfrentamientos entre grupos armados han provocado que miles de familias abandonen sus hogares y municipios. En 2024, se han registrado 11 niñas, niños y adolescentes asesinados en el municipio de Pantelhó, según las organizaciones Melel Xojobal (Luz Verdadero) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias). Estos asesinatos son consecuencia de los enfrentamientos entre grupos civiles armados que operan en el municipio. A pesar de la presencia del ejército y la Guardia Nacional cerca de la cabecera municipal, no se han tomado medidas efectivas para brindar seguridad a la población.
Desde 2011 hasta finales de 2022, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó un total de 40 conflictos en Chiapas, que obligaron a cerca de 14,796 personas a abandonar sus hogares. Muchos de ellos no han podido regresar y se mantienen en refugios, como los desplazados del sector Santa Martha, quienes, tras huir de la violencia perpetrada por grupos paramilitares, ahora residen en una comunidad zapatista sin poder regresar a sus hogares.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha registrado al menos 3,816 personas desplazadas en 2023, como consecuencia de hechos violentos en Chicomuselo, la Selva Lacandona, Motozintla, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa, Las Margaritas y Oxchuc. También se han documentado desplazamientos forzados debido a la violencia en los municipios de Siltepec, Maravilla Tenejapa, Amatenango de la Frontera, Chenalhó y Pantelhó, sin contar con un número específico de las familias que han huido de la violencia.
