La llegada de migrantes sigue siendo considerada como un asunto de seguridad nacional, a pesar de que estas personas buscan simplemente un refugio lejos de la inseguridad, violencia y pobreza en sus países de origen, según Enrique Vidal, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.
Vidal señaló que la militarización del Instituto Nacional de Migración continúa con la llegada de Roberto González López como nuevo titular de la delegación del instituto en Chiapas.
"Los militares ven a los migrantes como enemigos en un combate, cuando deberían adoptar una perspectiva de derechos humanos. De lo contrario, seguirán ocurriendo abusos contra las personas en movimiento que pasan por Tapachula", expresó.
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Añadió que esta lógica militar ya ha provocado muertes dentro de la institución de migración y, a pesar de ello, siguen poniendo a militares al frente de esta dependencia federal que debería tener un enfoque humano.
Detalló que desde 2005, la política migratoria de México se ha insertado en la estrategia de seguridad nacional, lo que ha llevado a numerosos abusos de derechos humanos, tratos inhumanos, golpes y muertes.
Vidal destacó que se necesita un cambio profundo en la estructura del Estado mexicano en cuanto a cómo se percibe a las personas migrantes extranjeras, quienes son constantemente discriminadas y racializadas.
"Las organizaciones sociales no confiamos en la estrategia de militarización de la migración en todo el territorio mexicano. Por lo tanto, seguiremos alzando la voz en contra de esta estrategia de seguridad que considera a los migrantes como una amenaza", agregó.
Hizo hincapié en que ya se ha visto la gravedad de tener a militares en las estaciones migratorias, como lo demuestra el crimen de Estado que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, estas prácticas persisten, ya que se sigue considerando la migración como un asunto de seguridad nacional.
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Señaló que estas prácticas de militarización en la frontera sur de México con Guatemala continúan siendo una constante por parte del gobierno mexicano.
"Debemos dejar de ver el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos como un intento de perjudicar intereses políticos de algún gobierno en particular, y más bien reconocer el trabajo que han estado realizando durante muchos años", concluyó Vidal.