Tanto las obras públicas como privadas en Tapachula, son acaparadas por la mano de obra migrante, principalmente de haitianos, lo que ha perjudicado en las oportunidades para los obreros albañiles mexicanos, que llevan mucho tiempo sufriendo una seria crisis económica.
Para el secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, la contratación de los migrantes para las obras públicas y privadas se rige por varias condicionantes, como es, el no darles seguridad social, no establecer un contrato de trabajo, pagar sueldos por abajo del mínimo y porque son parte de las subcontrataciones de las constructoras.
Asimismo, estimó que las constructoras basan su contratación en el discurso presidencial de Andrés Manuel López Obrador que se refiere a brindarles empleo a los migrantes de diferentes nacionalidades, aún a costa de las necesidades que tengan las familias de los obreros mexicanos.
Declaró que, ante la crisis derivada de la falta de la reactivación de la economía, del nulo impulso de la obra pública y de la preferencia laboral hacia los migrantes, los obreros y albañiles mexicanos no encuentran una solución a esta problemática, incluso, el sindicato de trabajadores de la construcción, ha desaparecido por falta de agremiados.
Mencionó que tanta es la complacencia de las autoridades hacia los migrantes, que ahora ya invaden los espacios en las calles y banquetas que alguna vez ocuparon los mexicanos en el comercio ambulante, por lo que señaló que el Gobierno quiere quedar bien hacia el exterior, pero sigue sin resolver los problemas de los connacionales.
Precisó que el panorama para Tapachula es negro, puesto que se han perdido cientos de empleos que es muy probable que no se vuelvan recuperar, además la cifra de 8 mil empleos perdidos por la pandemia en Chiapas, que dan las autoridades estatales, es engañosa, ya que la mayoría de espacios laborales en el estado, se da en la informalidad.
Finalmente reclamó que, las familias de los obreros albañiles en Tapachula, nunca han recibido un apoyo del gobierno para solventar sus necesidades básicas durante la pandemia, a pesar de que muchos de estos trabajadores, son personas que rebasan los 50 años y es muy difícil que se dediquen a otra labor.
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