A pesar de que varios migrantes han sido secuestrados al ingresar al territorio nacional por parte de grupos criminales, el Centro de Dignificación Humana A.C. dio a conocer que no existen denuncias registradas en la Fiscalía General de la República (FGR) ni en la Fiscalía General de Chiapas (FGE), ya que las autoridades se niegan a recibirlas.
Luis García Villagrán, observador del fenómeno migratorio en la frontera sur, explicó que tanto la FGR como la FGE, encargadas de aplicar la ley, están modificando las denuncias por extorsión, pero no por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, lo que ha impedido que se registre alguna denuncia formal por secuestro.
"Las dos fiscalías están evadiendo su responsabilidad; la FGR las remite a la Fiscalía de Inmigrantes de Chiapas, y esta última las clasifica como extorsión. Por eso, tres migrantes están en huelga de hambre en Arriaga", expresó.
García Villagrán añadió que actualmente son tres las personas que siguen en huelga de hambre de las siete que iniciaron la protesta: Carlos de Nicaragua, Israel de El Salvador y Juan de Perú. Los otros cuatro desistieron debido a amenazas por parte del ministerio público de Arriaga.
Detalló que las amenazas consistieron en advertirles que, si continuaban con la protesta, llamarían a migración para deportarlos. Por temor a esta represalia, algunos migrantes abandonaron la huelga, pero aún quedan tres exigiendo justicia por el delito de secuestro y privación de la libertad.
El observador señaló que, en el caso de los migrantes en huelga, les exigieron un promedio de cinco mil dólares a sus familiares para liberarlos, pero ahora las autoridades encargadas de procurar justicia no quieren atender el caso.
"Si alguien te secuestra y te pide dinero para tu libertad, eso es secuestro. Los migrantes tienen fotos, audios y pruebas que quieren presentar a las autoridades, pero el ministerio público no los quiere escuchar", agregó.
García Villagrán explicó que lo que narran los migrantes es un delito de secuestro y privación ilegal de la libertad cometido por grupos del crimen organizado que operan en la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala.
Subrayó que tanto la FGR como la FGE son omisas en la aplicación de la ley respecto al secuestro de migrantes en la frontera sur, ya que modifican las denuncias por extorsión en lugar de tratarlo como un caso de secuestro.
Cabe destacar que Diario del Sur intentó obtener información oficial tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República sobre denuncias de migrantes secuestrados en la frontera sur, pero no recibió respuesta.