Que todas las personas sujetas a procedimientos migratorios cuenten con un defensor de oficio público o privado para su protección jurídica evitaría los abusos de parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración, indicó José Galdámez Peregrino, presidente nacional del Colegio de Abogados de Inmigrantes y Derechos Humanos (CAIDH) A.C.
Señaló que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el INM permitiera el ingreso de los abogados a las estaciones migratorias, ya que antes no permitían la defensoría de las personas migrantes, “Como abogados particulares estuvimos defendiendo a miles de migrantes que eran retenidos por las autoridades migratorias, esto, a pesar de que el INM se negaba a la defensoría legal y estando en la propia ley mexicana”, expresó el abogado.
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Añadió que es una buena noticia que los migrantes tengan una defensoría legal, ya sea de oficio (gratuito) o de manera particular que genera un pago y de esa manera el INM no decidirá la suerte del migrante que está de paso por México en busca de llegar a los Estados Unidos.
Mencionó que lo que acaba de pasar es histórico y como abogados defensores de migrantes lo festejamos, porque anteriormente no querían que hubiera una defensores de migrantes, ya que los querían tener a su merced y eso se convertía a conveniencia o el intercambio de favores.
Acusó que los agentes de migración han hecho negocios a costilla de los migrantes que al no conocer sus derecho son presa fácil de ellos, afortunadamente están pasando buenas cosas como la firma de convenio entre el INM y la SCJN, “Hasta antes del hecho lamentable que ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, había una gran laguna en la defensoría de los derechos de los migrantes, la cual va a empezar a cambiar a partir de que lo dieron a conocer las autoridades mexicanas”, abundó.
Externó que el Instituto Nacional de Migración les había estado negando el acceso a la estación migratoria “Siglo XXI”, pero ellos basados en la ley pidieron brindar asesoría jurídica a todos los migrantes que se los requerían.
Precisó que ahora el Instituto nacional de migración no tendrá excusas para evitarles que la defensoría a los migrantes, tras el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contar con un defensor de oficio.
“Con esta acción los migrantes ya van a poder escoger quien quiere que lo defienda, si un abogado de oficio o alguien que contraten de manera particular y con esto se crea un ambiente de reconocimiento de la asesoría legal a favor de las personas en movilidad humana”, finalizó.
