Organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, mecanismos que permitan garantizar la protección y los derechos de los niños en la frontera sur.
Y es que de acuerdo a un último reporte realizado por el Centro de Dignificación Humana y la Universidad Autónoma de México (UNAM), más de 3 mil niños se encontraban en situación de vulnerabilidad en Tapachula antes del 2018, pero con el ingreso de las caravanas migrantes es número de ha incrementado en más del 50 por ciento.
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La activista en derechos humanos, Cecilia Isaguirre, afirmó que sociedad y gobierno conocen el problema de los niños en situación de calle, saben que se deriva de la desintegración familiar, la pobreza, la trata de personas y la explotación infantil, pero no hay un programa activo que ayude a rescatarlos de los riesgos a los que están sujetos, sino más bien voltean la vista hacia un lado.
Dijo que expresar la situación de este sector vulnerable, es una manera de denunciar el entorno al que se enfrentan los niños en la frontera sur y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.
Refirió que los niños de la calle, enfrentan jornadas laborales de más de 14 horas y además, sus ingresos son muy bajos; entre las principales actividades que realizan es de aseadores de calzado, chicleros, limpiaparabrisas y vendedores ambulantes, estos trabajos son bien identificados por la población y autoridades, pero, solo se les cataloga como víctimas de trata y explotación, más no se hace algo por apoyarlos.
Señaló que, de acuerdo a los organismos internacionales todos los niños y niñas a deben gozar de derechos fundamentales como derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la protección, derecho a la identidad, derecho al juego, derecho a tener una familia, entre otras, pero en la práctica los niños de la calle la carecen.
Enfatizó que los tres niveles de gobierno cuentan con mecanismos que se dedican a la protección de la niñez, pero a veces quienes encabezan estas instituciones, no tienen el conocimiento de cómo brindarle esa protección, tal como fue la creación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA), quien nadie sabe a ciencia cierta, cuál es la labor que desempeña.
Puntualizó que, el compromiso debe darse de manera fusionada donde todos los líderes de gobiernos, instituciones, entes públicos y privados y la sociedad en general sumen esfuerzos para transformar la dura realidad de los niños de la calle, en una esperanza de vida.
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