La representante de la Red Chipas por la Paridad Efectiva de Género (Repare), Alejandra Soriano Ruiz, demanda claridad en el proceso penal que se ha seguido en contra de la presidenta municipal constitucional de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, perteneciente al grupo lingüístico tsotsil, desaforada por el Congreso del Estado en agosto del 2019, por presuntos malos manejos de los recursos públicos.
A su juicio, no se le otorgó las garantías para el ejercicio de sus responsabilidades que el pueblo le concedió en las elecciones del 1 de julio del 2018, y desde que tomó posesión el 1 de octubre de ese año, hubo agresiones en su contra y linchamientos que terminó en su destitución, pero no ha habido claridad sobre las causas de su separación.
En marzo del 2019, en la plaza cívica de la cabecera municipal de Chalchihuitán una asamblea de 33 de los 38 agentes rurales acordaron solicitar al Congreso del Estado la destitución del ayuntamiento que había sido postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y se designa a Elena Cruz Cruz.
En julio del 2019 el Congreso del Estado dio trámite al oficio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, suscrito por la licenciada Dora luz López Méndez, mediante el cual informó sobre el procedimiento que se sigue en contra de Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez, presidenta y síndico municipal de Chalchihuitán.
López Méndez, fungía como Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, en funciones de juez de control de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual informó de la causa 64/ 2019.
En esa reunión convocada por el presidente de Bienes Comunales de Chalchihuitán, Jorge Pérez Díaz, cinco agentes de igual no expresaron ningún punto de vista respecto al conflicto social, en cambio la presión fue creciendo en contra de la ahora ex presidenta municipal y con su desafuero se calmó la inconformidad de las comunidades indígenas.
En Chamula, las mujeres son consideradas "seres impensantes": Socióloga
Sostiene que Margarita Díaz García es víctima de violencia política en razón de género, faltó la presencia de la seguridad en el municipio, lamentablemente entre más avanzan las mujeres en la conquista de sus derechos más violento se vuelve es escenario político para ellas y más riesgos corren.
Estamos a tiempo de realizar una campaña de sensibilización en los 124 municipios, especialmente en los indígenas, para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres en los procesos electorales federal en marcha desde el 7 de septiembre y el local a partir del 10 de enero, para los comicios del 6 de junio del 2021, las mujeres llevan muchos años de desventaja, puntualizó.