El Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur integrado por más de 15 organizaciones de defensa de derechos humanos, exigió al gobierno de México justicia para las víctimas de la persecución militar en Villa Comatitlán, ocurrida el pasado martes en donde fallecieron al menos seis personas y otras 10 más están heridas.
Reconocieron que estos hechos no son ni accidentales ni aislados, son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el estado mexicano sigue implementando, especialmente son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección a las personas en movilidad.
Dijeron que esa estrategia de contención centrada en la seguridad nacional, exacerba el carácter securitista y de persecución por encima de un enfoque de seguridad humana, por lo que en múltiples ocasiones han señalado los riesgos ampliados que implican para la vida y los derechos humanos de la población en condiciones de vulnerabilidad como son los migrantes refugiados y con necesidades de protección internacional.
Las políticas migratorias mexicanas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos, ya que les a orillan a tomar vías riesgosas clandestinas y cada vez más costosas cayendo en redes de trata y tráfico.
Recordaron que hace un año, el 1 de octubre de 2023 se registró otro accidente Pijijiapan donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión, en 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga.
Asimismo, el 31 de octubre 2021 falleció una persona cubana y otras dos personas fueron lesionadas tras los disparos de elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes.
Detallaron que estos hechos evidencian la omisión del estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, además constata que la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y desprotección, cuyas consecuencias viven personas y familias migrantes.
Exigieron al estado mexicano implementar las leyes y normas mexicanas que garanticen las políticas migratorias protectoras de derechos humanos y eliminar acciones de omisión, uso excesivo de la fuerza y corrupción.
También que se realice una investigación pronta exhaustiva imparcial sobre las causas y responsabilidad de lo corrido y se brinda atención médica adecuada integral a las personas lesionadas apoyos psicosocial y jurídico a las víctimas y a sus familias.